Con relación a los órganos de gobierno del Partido Unidos por México, la Junta General arribó a la conclusión de que, conforme a los documentos que se analizaron en conjunto, se advierte que se ha notificado al Instituto Electoral del Estado de México, la conformación de dos Comités Directivos Estatales, de dos Consejos Estatales y de dos Comisiones de Honor y Justicia; así también se notificó la conformación de veinte Comités Directivos Municipales por el C. Alfonso Farrera González.

Del análisis conjunto que se ha efectuado por la Junta General se determinó que tanto el C. Alfonso Farrera González, la C. Alma Pineda Miranda y el C. Gustavo Belmonte Rodríguez, a través de distintos escritos, mismos que se hicieron llegar en desahogo del requerimiento que les fue efectuado por esta autoridad electoral y de la garantía de audiencia que les fue concedida en términos del artículo 356 del Código Electoral del Estado de México, presentaron documentación diversa con la intención de acreditar su dicho, es decir, particularmente acreditar que los actos realizados por los mismos y los órganos de gobierno del Partido Unidos por México que fueron enterados a esta autoridad electoral en cuanto a su conformación, fueron realizados con apego a la legalidad.

De la documentación de referencia, la Junta General llegó a la conclusión de que ninguno de los tres ciudadanos acreditaron de manera fehaciente que, los órganos estatutarios a que se ha hecho mención, fueron integrados o modificados, en su caso, conforme a los procedimientos que norman la vida interna del Partido Unidos por México, y que se contienen en los Estatutos vigentes del instituto político de referencia.

Bajo estas premisas, la Junta General estimó que, conforme al análisis y valoración de todos los documentos en mención, los únicos órganos de gobierno que para este organismo electoral están legalmente constituidos, son la Asamblea Estatal que se convocó para el efecto de constituirse como partido político local, en fecha diez de octubre del año dos mil cuatro, y así también, el Comité Directivo Estatal que se integró en la referida Asamblea Estatal.

De la anterior conclusión se desprendió también, de forma indubitable que, los actos llevados a cabo, en primer término por los CC. Alma Pineda Miranda y Gustavo Belmonte Rodríguez, particularmente los relativos a la supuesta integración del Consejo Estatal, de la celebración de una sesión de dicho órgano de gobierno en la que se conformó una Comisión de Honor y Justicia, y así también, la consecuente expulsión del C. Alfonso Farrera González, son nulos y, por lo tanto, consideró necesario establecer algunas medidas para el efecto de restablecer el orden jurídico al interior del Partido Unidos por México.

Por cuanto hace a los actos realizados por el C. Alfonso Farrera González, mismos que presuntamente realizó a través del Comité Directivo Estatal, y que dicho sea de paso, no se acreditaron fehacientemente las modificaciones a su integración conforme a los Estatutos vigentes del Partido Unidos por México, relativos a la conformación del Consejo Estatal, de la Comisión de Honor y Justicia y de los Comités Directivo Municipales, en virtud de que evidentemente adolecen de las formalidades esenciales, la Junta General concluyó que deben ser también considerados como nulos por este organismo electoral, incluyendo los relacionados al procedimiento de expulsión de la C. Alma Pineda Miranda, del instituto político en mención.

La Junta General dictaminó que para el efecto de restablecer el orden jurídico al interior del Partido Unidos por México, y particularmente con el objeto de que para este organismo electoral exista la certeza respecto a los ciudadanos que deban ser reconocidos como representantes ante el Consejo General, consideró preciso proponer una serie de medidas, las cuales se detallan a continuación:

Que tomando en consideración todas y cada una de las manifestaciones de hecho y de derecho, que se vierten en el referido dictamen, la Junta General concluyó de manera categórica, que se aprecian diversas conductas irregulares cometidas por el Partido Unidos por México, y que en términos de lo dispuesto por el artículo 355 del Código Electoral del Estado de México, ameritan la imposición de algunas de las sanciones que en el precepto legal invocado se prevén.

En ese orden de ideas, se advierte por la Junta General que, el Partido Unidos por México ha incumplido con la obligación prevista en el artículo 52 fracción IV del Código Electoral del Estado de México, relativa a que los partidos políticos deben cumplir con sus normas internas; lo anterior es así, en atención a que, derivado de la investigación que ha llevado a cabo la Junta General apreció con absoluta claridad, que el Partido Unidos por México, a través de quienes se ostentan como sus miembros activos o dirigentes, no han observado en la conformación de los órganos de gobierno previstos en el artículo 17 de los Estatutos vigentes, las normas que al interior del instituto político rigen la forma y términos en que los mismos deben ser instalados; bajo este esquema, y tomando en consideración que tales conductas han propiciado la intervención de esta autoridad electoral administrativa, ésta falta es considerada por la Junta General como grave, ya que ha puesto en riesgo cuestiones de interés público.

Asimismo se estimó por la Junta General que el incumplimiento de las normas estatutarias del Partido Unidos por México, en la conformación de sus órganos de gobierno afecta al interés público, puesto que la ilegal integración de aquellos órganos generó dentro del órgano electoral la falta de certeza jurídica sobre el actuar del propio partido político, permitiendo concluir que se apartó de la fines que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su artículo 12 le establece como entidad de interés público. En ese contexto la Junta General propone al Consejo General la imposición de la sanción prevista en el artículo 355 literal A fracción I del Código Electoral del Estado de México, consistente en multa de dos mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México.

Que por cuanto hace al referido incumplimiento de las obligaciones a que está sujeto el Partido Unidos por México, la Junta General advirtió también que se actualiza la inobservancia a lo previsto en la fracción V del artículo 52 del Código Electoral del Estado de México; lo anterior es así debido a que, independientemente de que quedó claramente demostrado que en la conformación de los órganos de gobierno del Partido Unidos por México, no se observaron los procedimientos estatutarios vigentes para su integración, tampoco se mantuvieron en funcionamiento los mismos, y más aún, porque de diversas manifestaciones realizadas por los propios ciudadanos requeridos, se apreció que los mismos expresamente manifestaron la inexistencia del Consejo Estatal y, la ausencia de la celebración de las presuntas Asambleas realizadas tanto por la Asamblea Estatal como por el propio Consejo Estatal.

Por otra parte, la Junta General concluyó que en la supuesta elección de diecisiete Comités Directivos Municipales, nunca se exhibió el padrón vigente de afiliados al partido político, ni la lista de los delegados municipales con los cuales debió haberse integrado el quórum de las referidas asambleas municipales; puntualizando que, por otro lado, se notificó a este organismo electoral hasta el día veinte de septiembre del año en curso, la supuesta conformación de diecisiete asambleas municipales, lo que permitió inferir a la Junta General que hasta ese momento, las comités directivos municipales en comento, no se encontraban funcionado, independientemente de que no se hace mención alguna o se acredita la existencia de un mayor número de Comités Directivos Municipales.

Por estas razones, la Junta General señaló que esta conducta irregular debe ser considerada como grave, atendiendo nuevamente a la afectación que con ella se produce en la esfera de derecho y particularmente al interés público por lo que, en ese sentido consideró adecuado proponer al Consejo General la imposición de una sanción más al Partido Unidos por México, de las previstas en el artículo 355 literal A fracción I del Código Electoral del Estado de México, consistente en multa de dos mil días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado de México, por el referido incumplimiento a lo previsto en la fracción V del artículo 52 del ordenamiento legal invocado.