Toluca de Lerdo, México, 

9 de enero de 1996 

 

CC. DIPUTADOS DE LA 

H. LII. LEGISLATURA DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 

 

En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción I y 77 fracción V 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me permito someter a 
la consideración de esa H. Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente 
iniciativa de Código de Procedimiento y Proceso Administrativo del Estado de México, la 
que tiene su fundamento: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Una de las constantes históricas del pueblo mexicano ha sido su aspiración a gobernarse 
por leyes, de tal manera que tanto individuos como autoridades, ajusten sus conductas a 
las normas jurídicas para que éstas, den fijeza y protección a los derechos, libertades y 
propiedades y el Estado, basado en el marco jurídico, sea quien garantice la convivencia y 
la armonía social 

 

En el Estado de México siempre se ha creído en el imperio de la ley como medio 
indispensable para fortalecer el estado de derecho, porque solo en éste se asegura, 
protege y proyecta el ejercicio de las potencialidades de cada persona y de la sociedad en 
su conjunto. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, dispone que sus 
autoridades solo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos, principio, en el que descansa el equilibrio entre la autoridad y la 
libertad y que soporta al régimen de derecho, al cual todos aspiramos. 

 

Los ordenamientos jurídicos de la entidad, en los que se contienen las normas aplicables 
a los procedimientos administrativos que se realizan ante las autoridades de la 
administración pública estatal, municipal o de los organismos auxiliares con funciones de 
autoridad, con excepción de los Códigos Fiscales estatal y municipal, con frecuencia, no 
son del todo completas para conocer los derechos y los deberes procedimientales de los 
particulares y aún, de los órganos de la administración en detrimento de los intereses 
sociales, suscitándose así, las controversias cuya resolución corresponde al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo mediante el proceso jurisdiccional respectivo. 

 

Precisamente para normar los diversos procedimientos administrativos que hasta ahora 
se encuentran dispersos en las distintas leyes de la entidad, se propone la expedición de 
un Código de Procedimiento y Proceso Administrativo, que de unidad, coherencia y 
sistematización a los actos de los órganos de la administración pública que intervienen en 
ellos en armonía con las disposiciones que corresponden al proceso administrativo y que 
regulan la organización y el funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 

 

La iniciativa se desarrolla en tres títulos denominados: De las Disposiciones Comunes al 
Procedimiento y Proceso Administrativo; Del Procedimiento Administrativo; y, Del Proceso 
Administrativo. 


Bajo el título de Disposiciones Comunes al Procedimiento y Proceso Administrativo, se 
proponen las normas aplicables tanto por los órganos de la administración pública estatal y 
municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y por el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo como son las materias relativas a las formalidades procedimentales 
y procesales, notificaciones, plazos, pruebas, y valoración de la prueba, que al ser desarrolladas 
sistemáticamente mejorarán la seguridad jurídica en la actuación de los órganos de la 
administración pública, la legalidad de sus actos y los derechos de los administrados frente a 
aquellos. 

 

Dentro del título denominado Del Procedimiento Administrativo éste se norma bajo tres 
modalidades: el común, el de ejecución y el sustanciación del recurso para impugnar ante los 
órganos de la administración pública la legalidad de sus actos, motivo por el que las 
disposiciones que regulan el procedimiento económico-coactivo que se encuentran en los 
Códigos Fiscales estatal y municipal pasan a formar parte del Código que se propone en esta 
iniciativa. 

 

En el título denominado del Proceso Administrativo se desarrollan las disposiciones tanto 
orgánicas como procesales que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, destacando las relativas a la existencia de la Sala Superior con 
dos secciones integrada por tres magistrados cada una con sede en Toluca y Tlalnepantla, 
respectivamente; la duración del cargo de magistrado por 15 años y su sustitución escalonada; 
la duración del cargo de presidente por tres años, pudiendo ser reelecto por una sola vez; la 
ampliación de la competencia del Tribunal con el conocimiento y resolución de actos 
relacionados con contratos y convenios administrativos y fiscales, la resolución afirmativa ficta, 
la legalidad de reglamentos, decretos, circulares y disposiciones generales de naturaleza 
administrativa y fiscal; la regulación de la suspensión del acto impugnado; el tratamiento de 
cuestiones previas, la previsión de arreglos conciliatorios ante el Tribunal y la previsión de la 
jubilación de los actuales magistrados. 

 

En suma, la iniciativa del Código de Procedimiento y Proceso Administrativo, que se somete a la 
consideración de esa H. Legislatura, contiene importantes avances en la regulación jurídica de 
estas dos instituciones, porque al tratarse en forma sistemática se mejorará la actuación de los 
órganos de la administración pública estatal y municipal, así como de los organismos auxiliares 
con funciones de autoridad, en el ejercicio de sus atribuciones, se dará mayor fijeza y seguridad 
jurídica a sus actos y se ampliará la tutela de los derechos y las libertades de los particulares 
frente a aquellos. 

 

Por lo expuesto se somete a la consideración del H. Cuerpo Legislativo la presente iniciativa de 
Código, a fin de que, si la estiman correcta se apruebe en sus términos. 

 

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

EL GOBENADOR DEL ESTADO DE MEXICO 

 

LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

 

LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ 


CESAR CAMACHO QUIROZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus 
habitantes sabed: Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

DECRETO NUMERO 11 

 

LA H. LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO 

 

D E C R E T A: 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

De las Disposiciones Comunes al 

Procedimiento y Proceso Administrativo 

 

CAPITULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen 
por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y 
municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de México. 

 

Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los 
integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias laboral y 
electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y por la 
elección de las autoridades auxiliares municipales. 

 

Para efectos de este Código, se entiende por: 

 

I. Acto administrativo, la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, 
emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal y municipal, que tiene por 
objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta; 

 

II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares 
de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o 
resoluciones administrativas y fiscales; 

 

III. Particular en funciones de autoridad: Persona física o jurídica colectiva que realice actos 
equivalentes a los de autoridad, afecte derechos y realice funciones que estén determinadas por 
una norma general; 

 

IV. Código Administrativo: Código Administrativo del Estado de México; 

 

V. Código Financiero: Código Financiero del Estado de México y Municipios; 

 

VI. Código de Procedimientos: Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 

 


VII. Interesado: Particular que tiene un interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, 
respecto de un acto o procedimiento administrativo, por ostentar un derecho legalmente 
tutelado; 

 

VIII. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios; 

 

IX. Procedimiento administrativo: Serie de trámites que realizan las dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir 
y, en su caso, ejecutar un acto administrativo; 

 

X. Proceso administrativo: Serie de etapas del juicio contencioso administrativo, la acción 
popular, el recurso de revisión y el cumplimiento de sentencia; 

 

XI. Tribunal: Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 

 

XII. Unidad de Medida y Actualización: Unidad de cuenta, índice, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en este ordenamiento. 

 

Artículo 2.- El incumplimiento de las disposiciones previstas en este Código, dará lugar a la 
responsabilidad de los servidores públicos, en los términos de la Ley de Responsabilidades. 

 

Artículo 3.- El procedimiento y proceso administrativo que regula este Código, se regirán por 
los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, transparencia, 
gratuidad y buena fe; en consecuencia: 

 

I. Se ajustarán estrictamente a las disposiciones de este Código y, en lo conducente, a las 
previsiones que establece la Ley para el Uso de Medios Electrónicos del Estado de México; 

 

II. Sus trámites serán sencillos, evitando formulismos innecesarios; 

 

III. Deberán tramitarse y decidirse de manera pronta y expedita; 

 

IV. Se impulsarán de oficio, sin perjuicio de la intervención de las partes interesadas; 

 

V. Se cuidará que alcancen sus finalidades y efectos legales; 

 

VI. Las actuaciones serán públicas, salvo que la moral o el interés general exija que sean 
secretas; 

 

VII. Que la intervención del particular, de la autoridad y del personal del Tribunal, se realicen 
con rectitud y honradez; 

 

VIII. Serán gratuitos, sin que pueda condenarse al pago de gastos y costas; 

 

IX. Las autoridades administrativas, el Tribunal y las partes interesadas se conducirán, en las 
promociones y actuaciones, con honradez, transparencia y respeto. 

 

Artículo 4.- Cuando en este Código se haga referencia a las leyes, autoridades, actos y 
procedimientos de carácter administrativo, se considerarán incluidos los de naturaleza fiscal. 

 

Artículo 5.- Se deroga 

 

 


CAPITULO SEGUNDO 

De las Formalidades Procedimentales 

y Procesales 

 

Artículo 6.- Las promociones y actuaciones deben escribirse en lengua española. Cuando las 
promociones no se presenten escritas en español, se acompañarán de su correspondiente 
traducción; en caso de que no se exhiba ésta, la autoridad administrativa o el Tribunal la 
obtendrán, de manera oficiosa, de traductor adscrito preferentemente a las dependencias 
públicas. 

 

Cuando intervengan en las actuaciones personas pertenecientes a los pueblos o comunidades 
indígenas deberán ser asistidos por intérprete y defensor que tengan conocimiento de su lengua 
y cultura, debiendo asentarse tal circunstancia en el acta respectiva; dicho intérprete deberá 
ser preferentemente de instituciones públicas. 

 

Artículo 7.- Las promociones y actuaciones del procedimiento y proceso administrativo se 
presentarán o realizarán en forma escrita. Cuando una diligencia se practique de manera oral, 
deberá documentarse inmediatamente su desarrollo. 

 

Para documentar el procedimiento y proceso administrativo podrán utilizarse impresos que 
estén legalmente autorizados, así como los elementos incorporables a un sistema de 
compilación y reproducción mecánico o electrónico, que garantice su conservación y 
recuperación completa y fidedigna. 

 

Artículo 8.- En las actuaciones se escribirán con letra las fechas y cantidades. No se 
emplearán abreviaturas ni se enmendarán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá 
una línea delgada que permita la lectura, salvándose con toda precisión el error cometido antes 
de cerrar las actuaciones. 

 

Artículo 9.- Toda promoción que sea presentada por escrito deberá contener la firma autógrafa 
de quien la formule, requisito sin el cual no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o 
no pueda firmar, estampará su huella digital. 

 

En materia de transparencia también podrán presentarse promociones por medios electrónicos. 

 

Artículo 10.- Los menores de edad, los sujetos a interdicción, las sucesiones, las quiebras y las 
personas jurídicas colectivas, actuarán por conducto de sus representantes, en términos de la 
legislación aplicable. 

 

Artículo 11.- Cuando una solicitud o promoción se formule por dos o más personas, deberán 
designar un representante común de entre ellas. Si no se hace el nombramiento, la autoridad 
administrativa o el Tribunal considerarán como representante común a la persona mencionada 
en primer término. Los interesados podrán revocar, en cualquier momento, la designación del 
representante común, nombrando a otro, lo que se hará saber a la propia autoridad o al 
Tribunal. 

 

Artículo 12.- Las promociones y actuaciones se efectuarán en días y horas hábiles. 

 

Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los sábados, domingos y aquéllos que se 
señalen en el calendario oficial correspondiente, que deberá publicarse, en el mes de diciembre 
del ejercicio anterior, en la «Gaceta del Gobierno» o en la del municipio cuando se trate del 
calendario municipal. La existencia de personal de guardia no habilita los días. 

 

Son horas hábiles las comprendidas entre las 9:00 y las 18:00 horas. 


 

Artículo 13.- Las autoridades administrativas y el Tribunal pueden habilitar los días y horas 
inhábiles, cuando hubiere causa urgente que lo exija, expresando cuál sea ésta y las diligencias 
que hayan de practicarse, notificando al particular interesado. Si una diligencia se inició en día 
y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin interrupción y sin necesidad de habilitación 
expresa. 

 

Queda prohibida la habilitación que produzca o pueda producir el efecto de que se otorgue un 
nuevo plazo o se amplíe éste para interponer medios de impugnación. 

 

Artículo 14.- Cuando por cualquier circunstancia no se lleve a cabo una actuación o diligencia 
en el día y hora señalados, la autoridad administrativa o el Tribunal harán constar la razón por 
la que no se practicó. 

 

Artículo 15.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán ordenar, de oficio o a 
petición de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observen en la tramitación del 
procedimiento y proceso administrativo para el sólo efecto de regularizar el mismo, sin que ello 
implique que puedan revocar sus propias resoluciones. 

 

Artículo 16.- En el procedimiento administrativo no se producirá la caducidad por inactividad 
de particulares o autoridades administrativas, sea por falta de promociones o de actuaciones en 
un determinado tiempo. 

 

Artículo 17.- Los servidores públicos no son recusables, pero deberán manifestar que están 
impedidos para conocer de los asuntos de su competencia, en los casos siguientes: 

 

I. Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguno de los interesados o de sus 
abogados o representantes, en línea recta sin limitación de grado, dentro del cuarto grado en la 
colateral por consanguinidad o dentro del segundo en la colateral por afinidad; 

 

II. Si tienen interés personal en el asunto; 

 

III. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguno de los interesados o con 
sus abogados o representantes; 

 

IV. Si han sido abogados o apoderados de alguno de los interesados, en el mismo asunto; 

 

V. Si hubiesen aconsejado como asesores respecto del asunto o si hubieren resuelto el mismo 
en otra instancia, y 

 

VI. Si son partes en un asunto similar, pendiente de solución. 

 

VII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas, que impliquen elementos 
objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. 

 

Artículo 18.- La autoridad administrativa o el Tribunal acordarán la acumulación de los 
expedientes del procedimiento y proceso administrativo que ante ellos se sigan, de oficio o a 
petición de parte, cuando las partes o los actos administrativos sean iguales, se trate de actos 
conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los asuntos, para evitar la emisión de 
resoluciones contradictorias. La misma regla se aplicará, en lo conducente, para la separación 
de los expedientes. 

 


Artículo 19.- La autoridad administrativa o el Tribunal, para hacer cumplir sus 
determinaciones o para imponer el orden podrán, según la gravedad de la falta, hacer uso de 
alguno de los siguientes medios de apremio y medidas disciplinarias: 

 

I. Amonestación; 

 

II. Multa de 10 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, si el 
infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o salario de un día, y tratándose de trabajadores no asalariados, la multa 
no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

 

III. Expulsión temporal de las personas del lugar donde se lleve a cabo la diligencia, cuando ello 
sea necesario para su continuación; 

 

IV. Auxilio de la fuerza pública; 

 

V. Vista al ministerio público cuando se trate de hechos probablemente constitutivos de delito; 
y 

 

VI. Los demás que establece este Código. 

 

Artículo 20.- Las partes podrán consultar los expedientes en que se documenta el 
procedimiento y proceso administrativo y obtener copia certificada de los documentos y 
actuaciones que los integren. 

 

Artículo 21.- Cuando se destruyan o extravíen los expedientes o alguna de sus piezas, la 
autoridad administrativa o el Tribunal ordenarán, de oficio o a petición de parte, su reposición. 

 

Los particulares interesados en el procedimiento, y las partes en el proceso, coadyuvarán con el 
Tribunal en la reposición del expediente. 

 

Artículo 22.- Las resoluciones serán claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las 
cuestiones planteadas por las partes o las derivadas del expediente del procedimiento y proceso 
administrativo. 

 

Artículo 23.- Sólo una vez puede pedirse la aclaración o adición de la resolución que ponga fin 
al procedimiento o proceso administrativo ante la autoridad administrativa o el Tribunal que la 
hubieran dictado, dentro de los tres días siguientes a la notificación correspondiente, indicando 
los puntos que lo ameriten. La autoridad o el Tribunal formularán la aclaración sin modificar 
los elementos esenciales de la resolución. El acuerdo que decida la aclaración o adición de una 
resolución, se considerará parte integrante de ésta. Se tendrá como fecha de notificación de la 
resolución, la del acuerdo que decida la aclaración o adición de la misma. 

 

 

CAPITULO TERCERO 

De las Notificaciones y Plazos 

 

Artículo 24.- Las notificaciones se efectuarán, a más tardar, el día siguiente al en que se dicten 
las resoluciones o actos respectivos. 

 

Artículo 25.- Las notificaciones se harán: 

 


I. Personalmente a los particulares y por oficio a las autoridades administrativas, en su caso, 
cuando se trate de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que puedan ser 
impugnados. También podrán efectuarse por correo certificado con acuse de recibo; 

 

II. Por edicto que se publique por una sola vez en la Gaceta del Gobierno o en la del municipio 
cuando se trate de actos municipales, y en uno de los periódicos de mayor circulación a nivel 
estatal o nacional, tratándose de citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos que 
puedan impugnarse, cuando el particular a quien deba notificarse haya desaparecido, no tenga 
señalado domicilio en el Estado, se ignore su domicilio, se encuentre fuera del territorio estatal 
sin haber dejado representante legal en el mismo o hubiera fallecido y no se conozca al albacea 
de la sucesión. 

 

Las subsecuentes notificaciones del procedimiento o del proceso, aún cuando se trate de actos 
y resoluciones que puedan ser impugnados, podrán realizarse por estrados siempre que exista 
apercibimiento de por medio; 

 

III. Por estrados físicos o digitales. Los primeros serán los ubicados en sitio abierto de las 
oficinas de las dependencias públicas o del Tribunal, cuando así lo señale la parte interesada, 
cuando se trate de actos distintos a citaciones, requerimientos y demás resoluciones o actos 
que puedan ser impugnados o bien, cuando se trate de las subsecuentes notificaciones del 
procedimiento o del proceso, una vez realizada la primer notificación por edicto en la que se 
aperciba al particular para que en el término de tres días señale domicilio dentro del Estado de 
México, y este no hubiese comparecido al procedimiento o proceso, o cuando habiéndose 
apersonado no hubiese señalado domicilio dentro del Estado. 

 

Las notificaciones por estrados se harán en una lista que se fijará y publicará en el local de las 
oficinas de las dependencias públicas o de las salas del Tribunal, en lugar visible y de fácil 
acceso, así como en el portal transaccional de dichas oficinas o del Tribunal. La fijación y 
publicación de esta lista se realizará a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la 
resolución que la ordena. 

 

El notificador, actuario o funcionario público de la dependencia de que se trate, asentará en el 
expediente la razón respectiva; 

 

IV. En las oficinas de las dependencias públicas o del Tribunal, si se presentan los particulares 
o autoridades administrativas a quienes debe notificarse, incluyendo las que han de practicarse 
personalmente o por oficio. 

 

V. Por vía electrónica previa solicitud que realice la parte interesada en los términos que precisa 
la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios. 

 

VI. Por cualquier otro medio que expresamente permitan las leyes aplicables. 

 

Artículo 26. Las notificaciones personales se harán en el domicilio físico o electrónico que para 
tal efecto se haya señalado en el procedimiento o proceso administrativo. Cuando el 
procedimiento administrativo se inicie de oficio, las notificaciones se practicarán en el domicilio 
registrado ante las autoridades administrativas. 

 

Se entenderá como domicilio electrónico, al correo electrónico que los solicitantes otorguen para 
efecto de oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. 

 

Para el caso de las notificaciones realizadas en el domicilio físico, estas se entenderán con la 


persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará 
citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio para que se le espere a una 
hora fija del día hábil siguiente y de negarse a recibirlo, se efectuará por instructivo que se 
fijará en la puerta o lugar visible del propio domicilio. Si quien haya de notificarse no atendiere 
el citatorio, la notificación se hará por conducto de cualquier persona que se encuentre en el 
domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse a recibirla, se realizará por instructivo que 
se fijará en la puerta de ese domicilio. En los casos en que el domicilio se encontrare cerrado, la 
citación o notificación se entenderá con el vecino más cercano, debiéndose fijar una copia 
adicional en la puerta o lugar visible del domicilio. 

 

En el momento de la realización de la notificación física se entregará al notificado o a la persona 
con quien se entienda la diligencia, copia simple del documento a que se refiere la notificación. 

 

El notificador asentará razón de todas y cada una de las circunstancias observadas en la 
diligencia de notificación, contará con fe pública respecto de los datos y circunstancias que 
asiente y sus actos gozan de presunción de legalidad. 

 

El Tribunal podrá encomendar por exhorto a los tribunales de lo contencioso administrativo de 
los estados, la práctica de las diligencias de notificación que deban efectuarse en sus 
respectivas jurisdicciones. 

 

Las notificaciones electrónicas se tendrán por realizadas cuando estén disponibles en el 
domicilio electrónico de los solicitantes o de las partes. 

 

Artículo 26 bis.- Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: 

 

I. A cualquier autoridad que tuviere intervención en el juicio, la primera notificación deberá 
hacerse por oficio impreso en los términos precisados en el artículo 25 fracción I, de este 
Código, o a través de documento electrónico si ya cuenta con domicilio electrónico registrado. 

 

En todos los casos, las constancias de notificación respectivas se agregarán a los autos. 

 

Todas las autoridades están obligadas a acusar de recibo la recepción electrónica de las 
notificaciones que les fueren practicadas a través de medios electrónicos, a más tardar al día 
siguiente al en que las reciban. En este plazo la dependencia pública o el Tribunal con acuse o 
sin él, tendrá por hecha la notificación; 

 

II. Se tendrá por notificados a los actores o terceros interesados en el momento en el que la 
notificación se encuentre disponible en su domicilio electrónico. 

 

De no acusar el recibo dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que sea remitida la 
notificación, el Tribunal la tendrá por hecha; 

 

III. En cualquier momento del juicio, las partes que hayan solicitado notificaciones electrónicas 
podrán pedir al Tribunal que dejen de practicarse en esa forma y se les realicen por escrito. 

 

Cuando las dependencias públicas o las salas del Tribunal ante las que se esté tramitando un 
juicio o recurso, por la naturaleza del acto, el volumen de las constancias o lo estimen 
conveniente, podrán ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario o 
notificador, quienes además, asentarán en el expediente razón en cualquiera de las situaciones 
anteriores. 

 


Artículo 27.- Las notificaciones deberán hacerse en días y horas hábiles, con una anticipación 
de 48 horas, por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o diligencia a que 
se refieren las mismas. 

 

Artículo 28.- Las notificaciones surtirán sus efectos: 

 

I. Las personales, a partir del día siguiente hábil de la fecha en que fueren practicadas; 

 

II. Las que se efectúen por oficio o correo certificado, desde el día siguiente hábil al en que se 
reciban, salvo disposición legal en contrario; 

 

III. Las que se hagan por edicto, desde el día hábil posterior al de la publicación; y 

 

IV. El día siguiente hábil en que el interesado o su representante se haga sabedor de la 
notificación omitida o irregular. 

 

V. Las realizadas por vía electrónica, en el momento en el que la notificación se encuentre 
disponible en el domicilio electrónico de los solicitantes o las partes. 

 

Si dicho acuse no se recibe dentro del día hábil siguiente al en que se haya enviado la 
notificación, ésta surtirá efectos en términos del párrafo anterior. 

 

El notificador de la dependencia pública o el actuario del Tribunal agregarán al expediente la 
constancia respectiva. 

 

Artículo 29.- Cuando la ley no señale término o plazo para la práctica de alguna actuación o 
para el ejercicio de un derecho, se tendrá el de tres días. 

 

Artículo 30.- Transcurridos los plazos fijados a las partes interesadas se tendrá por perdido el 
derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de declaratoria en ese sentido. 

 

Artículo 31.- El cómputo de los plazos se sujetará a las siguientes reglas: 

 

I. Comenzarán a correr desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación y se 
incluirán en ellos el día del vencimiento; 

 

II. En los plazos fijados en días por las disposiciones legales, autoridades administrativas o 
Tribunal, sólo se computarán los días hábiles; 

 

III. En los plazos señalados en años o meses y en los que se fije una fecha determinada para su 
extinción, se entenderán comprendidos los días inhábiles; y 

 

IV. Los plazos señalados en horas y los relativos al cumplimiento del acuerdo de suspensión del 
acto impugnado, se contarán de momento a momento. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

De las Pruebas 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las Reglas Generales 

 

Artículo 32.- En el procedimiento y proceso administrativo se admitirán toda clase de pruebas, 
excepto la confesional de las autoridades administrativas mediante absolución de posiciones, 


las que no tengan relación inmediata con el asunto y las que resulten inútiles para la decisión 
del caso. Tratándose de los dos últimos supuestos, se deberá motivar cuidadosamente el 
acuerdo de desechamiento de las pruebas. 

 

Artículo 33.- Las autoridades administrativas o el Tribunal podrán decretar, en todo tiempo, 
sea cual fuere la naturaleza del caso, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera 
diligencia probatoria, o bien acordar la exhibición o desahogo de pruebas, siempre que se 
estimen necesarias y sean conducentes para el conocimiento de la verdad sobre el asunto. Se 
notificará oportunamente a las partes, a fin de que puedan intervenir, si así conviene a sus 
intereses. 

 

Artículo 34.- Los actos administrativos se presumirán legales; sin embargo, las autoridades 
administrativas deberán probar los hechos que los motiven cuando el interesado los niegue lisa 
y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. 

 

Artículo 35.- Sólo los hechos están sujetos a prueba, el derecho lo estará únicamente cuando 
se funde en leyes extranjeras. 

 

Artículo 36.- Los hechos notorios no necesitan ser probados y las autoridades administrativas 
o el Tribunal deben invocarlos, aunque no hayan sido alegados por las partes. 

 

Artículo 37.- Los servidores públicos y terceros están obligados en todo tiempo a prestar 
auxilio a las autoridades administrativas y al Tribunal en la averiguación de la verdad; en 
consecuencia, deben, sin demora, exhibir documentos y cosas que tengan en su poder, cuando 
para ello fueren requeridos. Las autoridades administrativas y el Tribunal tienen la facultad y el 
deber de compeler a los servidores públicos y terceros por los medios de apremio para que 
cumplan con esta obligación; en caso de oposición, oirán las razones en que la funden y 
resolverán lo conducente. 

 

Artículo 38.- Son medios de prueba: 

 

I. Confesional; 

 

II. Documentos públicos y privados; 

 

III. Testimonial; 

 

IV. Inspección; 

 

V. Pericial; 

 

VI. Presuncional; 

 

VII. Instrumental; y 

 

VIII. Fotografías y demás elementos aportados por la ciencia. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Confesional 

 

Artículo 39.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y 
distintamente al formular o contestar un escrito o demanda, absolviendo posiciones o en 


cualquier otro acto del procedimiento o proceso administrativo; tácita, la que se presume en los 
casos señalados por la ley. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace. 

 

Artículo 40.- Durante el procedimiento y proceso administrativo no se admitirá la confesional 
de las autoridades administrativas mediante absolución de posiciones. No se considerará 
comprendida en esta excepción, la petición de informes a las autoridades administrativas, 
respecto de hechos que consten en sus expedientes, archivos o registros. 

 

Al ofrecer la prueba confesional, la autoridad exhibirá el pliego de posiciones correspondiente. 
Sin este requisito no se admitirá la prueba. 

 

Artículo 41.- Pueden articularse posiciones al mandatario, siempre que tenga poder bastante 
para absolverlas o se refieran a hechos ejecutados por él en el ejercicio del mandato. 

 

Artículo 42.- El particular que haya de absolver posiciones será citado personalmente, a más 
tardar, cuarenta y ocho horas anteriores a la señalada para la diligencia, bajo el apercibimiento 
de que, si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso. 

 

Artículo 43.- Si el citado para absolver posiciones comparece, la autoridad administrativa o el 
Tribunal abrirán el pliego y procederán a realizar la calificación de las posiciones. 

 

Artículo 44.- Las posiciones serán desechadas, cuando: 

 

I. Sean ajenas a la cuestión debatida; 

 

II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya consten en el expediente; 

 

III. Sean contradictorias; 

 

IV. No estén formuladas de manera clara y precisa; 

 

V. Contengan términos técnicos; y 

 

VI. No contengan hechos propios del declarante o se refieran a opiniones, creencias o conceptos 
subjetivos del mismo. 

 

Artículo 45.- Si fueren varios los que han de absolver posiciones al tenor de un mismo 
interrogatorio, las diligencias se practicarán separadamente y en un mismo día, siempre que 
sea posible, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de 
absolver después. 

 

Artículo 46.- En ningún caso se permitirá que la persona que ha de absolver un pliego de 
posiciones esté asistida por su defensor, ni se le dará traslado de las posiciones, ni término 
para que se aconseje; pero si el absolvente no habla español, podrá ser asistido por un 
intérprete, si fuere necesario y, en este caso, la autoridad administrativa o el Tribunal lo 
nombrarán. 

 

Artículo 47.- Hecha por el absolvente la protesta de decir verdad, la autoridad administrativa o 
el Tribunal procederán al interrogatorio. El interrogatorio será aclarado y explicado al 
absolvente al formulársele cada pregunta, a fin de que conteste a cada una de ellas con pleno 
conocimiento de causa. 

 


Las confesiones serán categóricas en sentido afirmativo o negativo, pero quienes las hagan 
podrán agregar las explicaciones que consideren necesarias y, en todo caso, darán las que la 
autoridad administrativa o el Tribunal les pidan. 

 

Artículo 48.- Terminado el interrogatorio, la parte que lo formuló puede articular oral y 
directamente, en el mismo acto y previo permiso de la autoridad administrativa o del Tribunal, 
nuevas posiciones al absolvente, previa calificación de las mismas. 

 

Artículo 49.- Si la parte absolvente se niega a contestar o contestare con evasivas o dijere 
ignorar los hechos propios, la autoridad administrativa o el Tribunal la apercibirán de tenerla 
por confesa, si insiste en su actitud. 

 

Artículo 50.- La autoridad administrativa o el Tribunal pueden libremente, en el acto de la 
diligencia, interrogar al absolvente sobre todos los hechos y circunstancias que sean 
conducentes a la averiguación de la verdad. 

 

Artículo 51.- Las declaraciones serán asentadas literalmente a medida que se vayan 
produciendo y serán firmadas al pie de la última hoja y al margen de las demás en que se 
contengan, así como el pliego de posiciones, por los absolventes, después de leerlos por sí 
mismos, si quisieran hacerlo o de que les sean leídas. Si no supieren firmar pondrán su huella 
digital y si no quisieran hacer lo uno ni lo otro, firmarán sólo la autoridad administrativa o el 
personal del Tribunal y se hará constar esta circunstancia. 

 

Artículo 52.- Cuando el absolvente, al enterarse de su declaración, manifieste no estar 
conforme con los términos en que se hayan asentado sus respuestas, la autoridad 
administrativa o el Tribunal decidirán en el acto lo que proceda, determinando si debe hacer 
alguna rectificación en el acta. 

 

Artículo 53.- Firmadas las declaraciones por los que las hubieren producido o, en su defecto, 
sólo por la autoridad administrativa o el personal del Tribunal, no podrán variarse ni en la 
sustancia, ni en la redacción. 

 

Artículo 54.- En caso de que la persona que deba declarar no pueda ocurrir a la diligencia, por 
enfermedad debidamente comprobada a criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal, 
se señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y de subsistir el impedimento, la 
autoridad o el personal del Tribunal se trasladará al lugar donde la persona se encuentre para 
el desahogo de la diligencia, en presencia de la otra parte en su caso. 

 

Artículo 55.- La persona legalmente citada a absolver posiciones, será tenida por confesa en 
las preguntas sobre hechos propios que se le formulen: 

 

I. Cuando sin justa causa no comparezca; 

 

II. Cuando insista en negarse a declarar; y 

 

III. Cuando al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente o en manifestar que 
ignora los hechos. 

 

Artículo 56.- Cuando el citado para absolver posiciones no comparezca, la autoridad 
administrativa o el personal del Tribunal abrirán el pliego y calificarán las mismas antes de 
hacer la declaración de tener por confeso al particular. En los demás casos, la autoridad 
administrativa o el Tribunal, al terminar la diligencia, harán la declaración. 

 

 


SECCIÓN TERCERA 

De los Documentos Públicos y Privados 

 

Artículo 57.- Son documentos públicos aquéllos cuya formulación está encomendada por ley, 
dentro de los límites de sus facultades, a las personas dotadas de fe pública y los expedidos por 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 

 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, 
firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes, salvo prueba en contrario. 

 

Artículo 58.- Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para los 
documentos públicos. 

 

Artículo 59.- Los documentos públicos expedidos por autoridades de la federación, de los 
estados, del Distrito Federal o de los municipios harán fe en el Estado sin necesidad de 
legalización. 

 

Para que hagan fe en la entidad los documentos procedentes del extranjero, deberán 
presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares o estarse a 
los convenios que el Estado haya celebrado en esta materia. 

 

Artículo 60.- Los documentos que se ofrezcan como prueba deberán acompañarse al escrito 
inicial, demanda o su contestación. 

 

Si la parte interesada no tuviere los documentos a su disposición, designará el archivo o lugar 
en que se encuentren los originales. Se entenderá que se tiene a su disposición los documentos, 
siempre que existan los originales en protocolo, registro o archivo público de los que se pueda 
pedir y obtener copias autorizadas de ellos. 

 

Artículo 61.- La presentación de documentos públicos podrá hacerse con copia simple o 
fotostática, si el interesado manifestare que carece del original o copia certificada, pero no 
producirá aquélla ningún efecto si antes del dictado de la resolución respectiva no se exhibiere 
el documento con los requisitos necesarios para que haga fe en el expediente correspondiente. 

 

Artículo 62.- Después de la presentación del escrito inicial, demanda o de la contestación, no 
se admitirán otros documentos, excepto los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 

 

I. Que sean de fecha posterior a los escritos señalados en el párrafo anterior; 

 

II. Los de fecha anterior respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que 
los presente no haber tenido conocimiento de su existencia, salvo prueba en contrario de parte 
interesada, en su caso; y 

 

III. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por causas que no sean imputables 
a la parte interesada, siempre que se haya hecho oportunamente la designación del archivo o 
lugar en que se encuentren los originales. 

 

En estos casos, los documentos podrán presentarse hasta antes de que se dicte sentencia. 

 

Artículo 63.- Los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las 
copias certificadas de los documentos que les soliciten las partes. Si los servidores públicos no 
cumplieren con esa obligación, las partes podrán solicitar, en cualquier momento, a la 
autoridad administrativa competente o al Tribunal que requieran a los omisos. 

 


Cuando la autoridad demandada niegue la existencia de documentos que el actor afirme 
existen en sus archivos, el particular puede acreditar su existencia a través de otros medios de 
prueba. 

 

Artículo 64.- Los documentos que no se presenten en lengua española, deberán acompañarse 
de su traducción, la que se mandará dar vista a la parte contraria, en su caso, para que dentro 
de tres días manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no contestase la vista, se estará a la 
traducción aportada; en caso contrario, la autoridad administrativa o el Tribunal nombrarán 
traductor, preferentemente de entre los adscritos a las dependencias públicas. 

 

Artículo 65.- Podrá pedirse el cotejo de firmas, letras o huellas digitales, siempre que se niegue 
o que se ponga en duda la autenticidad de un documento público o privado. 

 

La persona que pida el cotejo designará el documento o documentos en los que deba hacerse o 
pedirá a la autoridad administrativa o al Tribunal que citen al interesado para que, en su 
presencia, ponga la firma, letra o huella digital que servirá para el cotejo. 

 

Artículo 66.- Las partes sólo podrán objetar los documentos dentro de los tres días siguientes 
a la notificación del acuerdo que los haya tenido como pruebas o, en su caso, al contestar la 
demanda. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Testimonial 

 

Artículo 67.- Los interesados que ofrezcan la prueba testimonial indicarán el nombre de los 
testigos. Podrán presentarse hasta tres testigos sobre cada hecho. 

 

Los testigos deberán ser presentados por el oferente, salvo que éste manifieste imposibilidad 
para hacerlo y proporcione el domicilio de aquéllos, caso en que la autoridad administrativa o el 
Tribunal los citarán a declarar. 

 

Artículo 68.- Los servidores públicos no están obligados a declarar como testigos. Sólo cuando 
la autoridad administrativa o el Tribunal lo estimen indispensable para la investigación de la 
verdad, podrán ser llamados a declarar, de preferencia rindiendo su testimonio mediante 
escrito que al efecto formulen. 

 

Artículo 69.- La autoridad administrativa o el Tribunal señalarán día y hora para la recepción 
de la prueba testimonial. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios 
escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, previa 
calificación de la autoridad administrativa o del Tribunal. 

 

Al final del examen de cada testigo, la parte contraria podrá, por una sola vez y en forma oral, 
formular repreguntas, previa autorización solicitada a la autoridad administrativa o al Tribunal. 
La autorización a una de las partes implica la de la otra cuando formulen repreguntas 
relacionadas con preguntas directas que formule la autoridad administrativa o el Tribunal. 

 

Artículo 70.- Serán desechadas las preguntas y repreguntas, cuando: 

 

I. Sean ajenas a la cuestión debatida; 

 

II. Se refieran a hechos o circunstancias que ya constan en el expediente; 

 

III. Sean contradictorias con una pregunta o repregunta anterior; 


 

IV. No estén formuladas de manera clara y precisa; 

 

V. Contengan términos técnicos; y 

 

VI. Se refieran a opiniones, creencias o conceptos subjetivos de los testigos. 

 

Artículo 71.- Después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 
advertirlo de la pena en que incurre el que se conduce con falsedad, se hará constar su 
nombre, edad, estado civil, domicilio, ocupación, si es pariente consanguíneo o afín de alguna 
de las partes y en qué grado, si tiene interés directo en el asunto o en otro semejante y si es 
amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación se procederá al examen, previa 
calificación de preguntas y repreguntas. 

 

Artículo 72.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan 
presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el examen de los 
testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil, 
salvo lo establecido en el artículo 13 del presente Código. 

 

Artículo 73.- La autoridad administrativa o Tribunal tendrán la más amplia facultad para 
hacer a los testigos las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así 
como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos, asentándose todo en el acta. 

 

Artículo 74.- Si el testigo no habla español, rendirá su declaración por medio de intérprete, 
quien será nombrado de oficio por la autoridad administrativa o por el Tribunal. Cuando el 
testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio 
idioma por él o por el intérprete. 

 

Artículo 75.- Cada respuesta del testigo se hará constar en el acta respectiva, en forma que al 
mismo tiempo se comprenda en ella el sentido o términos de la pregunta formulada. Sólo 
cuando expresamente lo pida una de las partes, pueden la autoridad administrativa o el 
Tribunal permitir que primero se escriba textualmente la pregunta y a continuación la 
respuesta. 

 

Artículo 76.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho y la autoridad 
administrativa o el Tribunal deberán exigirla, explicando previamente en que consiste. 

 

Artículo 77.- El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se 
contenga, después de habérsele leído o de que la lea por sí mismo y la ratifique. Si no puede o 
no sabe leer, la declaración será leída por la autoridad y si no puede o no sabe firmar, 
imprimirá su huella digital. 

 

La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en substancia, ni en redacción. 

 

Artículo 78.- En el acto del examen de un testigo, pueden las partes interesadas atacar el 
dicho de aquél por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, 
ofreciendo en ese momento las pruebas que estimen conducentes. Una vez impugnado el dicho 
de un testigo, se dará el uso de la palabra al oferente, quien en ese acto podrá ofrecer las 
pruebas que al respecto considere pertinentes. 

 

Las pruebas se desahogarán, en su caso, en un plazo no mayor de tres días que al efecto se fije. 

 

Artículo 79.- Si algún testigo no puede concurrir a la diligencia, por enfermedad debidamente 
comprobada a criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal, se señalará nueva fecha 


para el desahogo de la prueba y de subsistir el impedimento, la autoridad o personal del 
Tribunal se trasladará al lugar donde el testigo se encuentre para el desahogo de la diligencia, 
en presencia de la otra parte en su caso. 

 

Artículo 80.- La prueba testimonial será declarada desierta, cuando se acredite 
fehacientemente que el testigo no vive en el domicilio señalado por el oferente o cuando 
habiéndose comprometido éste a presentarlo, no lo haga. 

 

 

SECCION QUINTA 

De la Inspección 

 

Artículo 81.- La inspección puede practicarse a petición de parte o por disposición de la 
autoridad administrativa o del Tribunal, con citación previa y expresa, cuando pueda servir 
para aclarar o fijar hechos relativos al asunto y no requiera conocimientos técnicos especiales. 
Cuando la prueba se ofrezca por alguna de las partes se indicará con precisión el objeto de la 
misma, el lugar donde debe practicarse, el período que ha de abarcar en su caso y la relación 
con los hechos que se quieran probar. 

 

Las partes y sus representantes podrán concurrir a la inspección y hacer las observaciones que 
estimen oportunas. 

 

Artículo 82.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada que firmarán los que a ella 
concurran. 

 

A criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal o a petición de parte, se levantarán 
planos o se sacarán imágenes del lugar o bienes inspeccionados, que se agregarán al acta, para 
los efectos legales que procedan. 

 

 

SECCION SEXTA 

De la Pericial 

 

Artículo 83.- La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en 
alguna ciencia, técnica o arte y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará. 

 

Los peritos deben tener título en la especialidad a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de 
oírse su parecer, si estuviere legalmente reglamentada. Si no la estuviere, podrá ser nombrada 
cualquier persona entendida a criterio de la autoridad administrativa o del Tribunal. 

 

Artículo 84.- Al ofrecerse la prueba pericial, la parte oferente indicará la materia sobre la que 
deba versar, nombrará a su perito y exhibirá el cuestionario respectivo. 

 

Cuando la autoridad administrativa o el Tribunal lo consideren indispensable para la solución 
del asunto acordarán la admisión de la prueba pericial, sea que se ofrezca por alguna de las 
partes o así se determine de oficio. Al admitirse la prueba, se prevendrá a las demás partes, 
para que dentro del término de tres días, nombren al perito que les corresponda y adicionen el 
cuestionario con lo que les interese. La propia autoridad o el Tribunal podrán adicionar el 
cuestionario, cuando se ofrezca por los interesados. 

 

Los peritos deberán aceptar el cargo dentro de los tres días siguientes a partir de su 
designación. 

 


Cuando el perito nombrado por alguna de las partes no comparezca a aceptar el cargo o no 
rinda su dictamen dentro de los plazos señalados se tendrá a la parte oferente de dicho perito 
por precluído su derecho, pudiendo continuarse el desahogo con el dictamen del perito de la 
parte contraria, con el cual se le tendrá por conforme su derecho, sin necesidad de nombrar 
perito tercero. 

 

Si ninguno de los peritos nombrados cumple con las obligaciones a su cargo, se declarará 
desierta la prueba. Siempre y cuando a juicio del Tribunal o de la autoridad administrativa de 
que se trate, el desahogo de dicha prueba, sea indispensable para resolver el proceso o 
procedimiento administrativo, en cuyo caso, la autoridad administrativa o Tribunal, podrá 
nombrar a un perito oficial. 

 

Artículo 85.- En los supuestos en que proceda de oficio, la autoridad administrativa o el 
Tribunal nombrarán a los peritos, preferentemente de entre los adscritos a las dependencias 
públicas. 

 

Los honorarios de los peritos designados por las partes serán pagados por éstas. En caso de 
que existan diferencias en los dictámenes presentados por los peritos, en alguno o algunos de 
los puntos esenciales sobre los que verse la prueba pericial, la autoridad administrativa o el 
Tribunal determinarán la necesidad o no de nombrar un perito tercero en discordia, mismo que 
será designado preferentemente dentro de los adscritos a las dependencias, instituciones u 
organismos públicos, entregándoles copia de los dictámenes discordantes y previniéndole para 
que rindan su dictamen en un plazo de cinco días. 

 

En caso de que existan diferencias en los dictámenes presentados por los peritos, en alguno o 
algunos de los puntos esenciales sobre los que verse la prueba pericial, dichas diferencias se 
razonarán, en forma cuidadosa, al resolver el asunto, sin necesidad de nombrar perito tercero 
en discordia. 

 

Artículo 86.- Los peritos no son recusables, pero los nombrados por la autoridad 
administrativa o por el Tribunal deberán excusarse en los casos previstos por el artículo 17 de 
este Código. 

 

Artículo 87.- En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones siguientes: 

 

I. Los peritos, previa aceptación del cargo, rendirán y ratificarán su dictamen, en el plazo que al 
efecto se les fije; 

 

II. La autoridad administrativa o el Tribunal dictarán las medidas necesarias para hacer 
comparecer a los peritos; y 

 

III. La autoridad administrativa, el Tribunal y las partes podrán formular observaciones a los 
peritos y hacerles las preguntas que estimen pertinentes en relación con el dictamen que 
presenten. 

 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Presuncional 

 

Artículo 88.- Presunción es la consecuencia que la ley, autoridad administrativa o el Tribunal 
deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se 
llama legal y la segunda humana. 

Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente. Hay presunción humana cuando 
de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. 


 

Artículo 89.- El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el hecho 
en que la funda. 

 

Artículo 90.- Las presunciones humanas admiten prueba en contrario. 

 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De la Instrumental 

 

Artículo 91.- La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente 
formado con motivo del asunto. 

 

Artículo 92.- La autoridad administrativa o el Tribunal están obligados a tomar en cuenta las 
actuaciones que obren en el expediente. 

 

 

SECCIÓN NOVENA 

De las Fotografías y demás Elementos Aportados por la Ciencia 

 

Artículo 93.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el asunto que se 
ventile, las partes pueden presentar fotografías o copias fotostáticas, videos, cintas 
cinematográficas y cualquier otra producción de imágenes. 

 

Artículo 94.- Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, 
fonográficos y demás descubrimientos de la ciencia, la técnica o arte que produzcan convicción 
en el ánimo de la autoridad administrativa o del Tribunal. 

 

 

SECCIÓN DÉCIMA 

De la Valoración de la Prueba 

 

Artículo 95.- La autoridad administrativa y el Tribunal gozan de la más amplia libertad para 
hacer el análisis de las pruebas rendidas, tanto en lo individual como en su conjunto, aplicando 
las reglas de la lógica y de la sana crítica, determinar el valor de las mismas, unas enfrente de 
las otras y fijar el resultado final de la valoración, a menos que este Código establezca las reglas 
para hacer la valoración. 

 

Artículo 96.- No tendrán valor las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en este 
Código, a menos que sólo teniéndolas en consideración la autoridad administrativa o el 
Tribunal puedan formar su convicción respecto a los hechos de que se trata. En este caso, 
deberán fundar especial y cuidadosamente esta parte de su resolución. 

 

Artículo 97.- La confesión expresa hará prueba plena, cuando concurran en ella las 
circunstancias siguientes: 

 

I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; 

 

II. Que sea hecha con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y 

 

III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante y concerniente al asunto. 

 


Artículo 98.- Los hechos propios de las partes interesadas aseverados en sus promociones o en 
cualquier otro acto del procedimiento o proceso administrativo, harán prueba plena en contra 
de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. 

 

Artículo 99.- La confesión ficta produce el efecto de una presunción, cuando no haya pruebas 
que la contradigan. 

 

Artículo 100.- Los documentos públicos hacen prueba plena. 

 

Artículo 101.- Las copias certificadas hacen fe de la existencia de los originales. 

 

Artículo 102.- La documental privada, inspección, pericial y testimonial serán valorizados 
según el prudente arbitrio de la autoridad administrativa o del Tribunal. 

 

Al valorar la prueba testimonial, la autoridad apreciará las impugnaciones y justificaciones que 
se hayan planteado y obren en el expediente. 

 

Artículo 103.- Para que las presunciones sean apreciables como medios de prueba, es 
indispensable que entre el hecho demostrado y aquél que se trata de deducir haya un enlace 
preciso. La autoridad administrativa o el Tribunal apreciarán en justicia el valor de las 
presunciones. 

 

Artículo 104.- Las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas aportadas por la ciencia, 
técnica o arte quedan a la prudente calificación de la autoridad administrativa o del Tribunal. 
Las copias fotostáticas sólo harán fe cuando estén certificadas legalmente. 

 

Artículo 105.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las normas de la presente 
sección, a menos que por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la 
autoridad administrativa o el Tribunal adquieran convicción distinta, respecto del asunto. En 
este caso, deberán motivar cuidadosamente esta parte de su resolución. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

Del Procedimiento Administrativo 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 106.- El procedimiento administrativo ante las dependencias del Poder Ejecutivo del 
Estado, los municipios y los organismos auxiliares con funciones de autoridad de carácter 
estatal y municipal, se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo a las disposiciones de los 
títulos primero y segundo del presente Código. 

 

Artículo 107.- A falta de normas expresas en este Código, se aplicarán los principios generales 
del derecho. 

 

Artículo 108.- Las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia 
general, obligan y surten sus efectos al día siguiente de su publicación en la «Gaceta del 
Gobierno» o en la del municipio respectivo cuando se trate de normas municipales, excepto que 
en estos medios se señale expresamente el día en que entren en vigencia. 

 

Artículo 109.- La ley administrativa o disposición de carácter general sólo queda abrogada o 
derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que ésta contenga disposiciones 


total o parcialmente incompatibles con la anterior, siempre que la primera sea de igual o menor 
jerarquía que la segunda. 

 

Artículo 110.- El procedimiento administrativo puede ser común o especial. Sólo se regula 
como procedimiento de carácter especial, al procedimiento administrativo de ejecución y al 
recurso administrativo de inconformidad. 

 

Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el 
carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad 
administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible a ser perjudicada por un acto 
administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que 
tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario. 

 

Artículo 112.- Los particulares podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a 
cualquier persona con capacidad legal, quien queda facultada para ofrecer y rendir pruebas, 
presentar alegatos, recibir documentos y formular otras promociones en el procedimiento 
administrativo. Esta persona no podrá desistirse del procedimiento ni delegar sus facultades en 
terceros. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Procedimiento Administrativo Común 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Iniciación del Procedimiento 

 

Artículo 113.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio por las autoridades 
administrativas o a petición de los particulares interesados. 

 

Artículo 114.- El procedimiento se iniciará de oficio por acuerdo escrito de autoridad 
administrativa competente, en los casos que señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, la autoridad podrá abrir un 
período de información previa, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y estar 
en posibilidad de determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

 

En esta etapa no se aplicarán las formalidades de la garantía de audiencia previa. 

 

Artículo 115.- Las peticiones podrán formularse por los particulares en cualquier tiempo 
mientras no se hayan extinguido los derechos que invocan, en términos de las disposiciones 
legales aplicables, salvo los casos en que éstas señalen un plazo determinado. 

 

Artículo 116.- La petición de los particulares deberá hacerse por escrito, en el que se señale: 

 

I. La autoridad a la que se dirige; 

 

II. El nombre del peticionario y, en su caso, de quien promueva en su nombre; 

 

III. El domicilio para recibir notificaciones, que deberá estar ubicado en el territorio del Estado; 

 

IV. Los planteamientos o solicitudes que se hagan; 

 

V. Las disposiciones legales en que se sustente, de ser posible; y 

 


VI. Las pruebas que se ofrezcan, en su caso. 

 

Artículo 117.- En las peticiones en las que se formulen denuncias o quejas que se presenten 
ante las autoridades administrativas competentes, en contra de la conducta de servidores 
públicos estatales y municipales, los particulares interesados podrán solicitar el pago de daños 
y perjuicios causados por aquéllos, en forma directa y clara, en el ejercicio de las funciones que 
les están encomendadas, ofreciendo pruebas específicas que acrediten la existencia de los 
mismos. 

 

Artículo 118.- El particular deberá adjuntar al escrito de petición: 

 

I. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio; 

 

II. Los documentos que ofrezca como prueba, en su caso; y 

 

III. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en el supuesto de ofrecimiento de 
estas pruebas. 

 

Artículo 119.- Cuando el escrito inicial carezca de algún requisito formal o no se adjunten los 
documentos respectivos se requerirá al promovente para que, en un plazo de tres días, corrija o 
complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no 
hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito o las pruebas, según el caso. 

 

Artículo 120.- Los escritos dirigidos a las autoridades administrativas deberán presentarse 
directamente en las oficinas autorizadas para tales efectos o enviarse mediante correo o 
mensajería. Los escritos enviados por correo o mensajería, se considerarán presentados en las 
fechas que indique el sello o instrumento fechador de remisión. 

 

En ningún caso se podrán rechazar los escritos en las oficinas de recepción de documentos. Los 
servidores públicos asignados a estas oficinas harán constar mediante sellos fechadores o 
anotaciones firmadas, la recepción de los documentos que se les presenten, inclusive en la 
copia que se entregue al interesado. 

 

Artículo 121.- Cuando un escrito sea presentado ante una autoridad administrativa 
incompetente, se remitirá de oficio a la que sea competente en el plazo de tres días, siempre que 
ambas pertenezcan a la Administración Pública del Estado o a la del mismo municipio; en caso 
contrario, sólo se declarará la incompetencia. Si la autoridad que se considera competente se 
niega a conocer del asunto, enviará el expediente al superior jerárquico común, quien decidirá 
la cuestión. Se tendrá como fecha de presentación la del recibo por la autoridad incompetente. 
Se notificará al promovente la remisión practicada. 

 

Artículo 122.- En el caso de que el servidor público tenga impedimento para conocer de algún 
asunto, hará la manifestación al superior jerárquico, para que lo califique de plano y notifique 
al particular interesado. En el supuesto de que proceda, se designará quien deba sustituir al 
servidor impedido. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Tramitación del Procedimiento 

 

Artículo 123.- Cuando se inicie el procedimiento, la autoridad administrativa le asignará un 
número progresivo al expediente, que incluirá la referencia al año en que se inicia. El número 
se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo. 

 


Artículo 124.- La autoridad administrativa llevará a cabo, de oficio o a petición de particulares, 
los actos de tramitación adecuados para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos sobre los que deba basarse la resolución del procedimiento. 

 

Artículo 125.- En el despacho de los expedientes se guardará y respetará el orden de 
tramitación en los asuntos de la misma naturaleza; la alteración del orden sólo podrá realizarse 
cuando exista causa debidamente justificada. 

 

Artículo 126.- Las cuestiones previas que surjan dentro del procedimiento se decidirán de 
plano, salvo las que trasciendan al resultado del mismo, que se resolverán con éste. Estas 
cuestiones no suspenderán la tramitación del procedimiento. 

 

Artículo 127.- Cuando la autoridad administrativa que conoce del procedimiento requiera el 
auxilio de otras para la obtención de informes, declaraciones o documentos, se dirigirá a éstas 
por oficio en el que se indique lo que se solicita. La autoridad requerida desahogará la petición 
dentro de los tres días siguientes a su recibo. 

 

Artículo 128.- Las autoridades administrativas para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales podrán llevar a cabo visitas de verificación en el domicilio, instalaciones, 
equipos y bienes de los particulares, en los casos en que se señalen en las leyes y reglamentos 
aplicables, conforme a las siguientes reglas: 

 

I. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de autoridad administrativa 
competente, en el que se expresará: 

 

a) El nombre de la persona que deba recibir la visita. Cuando se ignore el nombre de ésta, se 
señalarán datos suficientes que permitan su identificación. 

 

b) El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser 
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la autoridad 
competente. La sustitución, aumento o disminución se notificará al visitado. 

 

c) Los lugares o zonas que han de verificarse. Las visitas de verificación en materia fiscal solo 
podrán practicarse en el domicilio fiscal de los particulares. 

 

d) El objeto y alcance que ha de tener la visita. 

 

e) Las disposiciones legales que fundamenten la verificación. 

 

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad que la emite. 

 

II. La visita se realizará en el lugar o zona señalados en la orden; 

 

III. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante y si no estuvieren 
presentes, a quien se encuentre en el lugar que deba practicarse la diligencia; 

 

IV. Al iniciarse la verificación, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante 
la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente con 
fotografía expedido por la autoridad administrativa, que los acredite legalmente para 
desempeñar su función; 

 

Para el caso de visitas que se realicen en materias competencia del Instituto de Verificación 
Administrativa del Estado de México, los verificadores que en ella intervengan se deberán 
identificar con credencial o documento vigente con fotografía expedido por dicho Instituto, la 


cual contará con el medio electrónico de identificación para ser autenticada a través de la 
plataforma tecnológica respectiva y deberán entregar un ejemplar de la Cartilla de Derechos y 
Obligaciones a la persona visitada para su conocimiento; 

 

V. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para que 
nombre a dos testigos que intervengan en la diligencia; si éstos no son nombrados o los 
señalados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán. Los testigos podrán ser 
sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier tiempo, siguiendo las mismas 
reglas para su nombramiento; 

 

VI. Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están 
obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o zona objeto de la visita, así como 
poner a la vista la documentación, equipos y bienes que les requieran; 

 

VII. Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se levante, todas y cada una de las 
circunstancias, hechos u omisiones que se hayan observado en la diligencia; 

 

VIII. La persona con quien se haya entendido la diligencia, los testigos y los visitadores firmarán 
el acta. Un ejemplar legible del documento se entregará a la persona con quien se entienda la 
diligencia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer constar en 
el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o de la diligencia 
practicada; 

 

IX. Con las mismas formalidades indicadas en los puntos anteriores, se levantarán actas 
previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la visita o 
después de su conclusión; y 

 

X. El visitado, su representante o la persona con la que se haya entendido la verificación, 
podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los 
hechos u omisiones contenidos en el acta de la misma o bien hacer uso de ese derecho, por 
escrito, dentro del término de tres días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el 
acta. 

 

XI. Al momento de practicar la primera visita de verificación y de encontrarse el establecimiento 
cerrado, se colocará sello de aviso donde invariablemente se requerirá al visitado para que 
dentro de los tres días siguientes, comparezca en la oficina de la Jurisdicción de Regulación 
Sanitaria correspondiente al domicilio de su negociación, u oficina central de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, según sea el caso, a fin de 
acreditar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias consistentes en el Dictamen de Giro y 
en el aviso de funcionamiento, además del cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
General para el Control del Tabaco y su reglamento. 

 

Sello que deberá contener la siguiente leyenda: 

 

En términos del artículo 2.68 fracción XI del Código Administrativo del Estado de México, se 
exhorta al propietario y/o representante legal de este establecimiento para que dentro del 
término de tres días, comparezca en la oficina de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria 
correspondiente al domicilio de la negociación, u oficina central de la Comisión para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, según sea el caso, a fin de que 
acredite el cumplimiento de las disposiciones sanitarias consistentes en el Dictamen de Giro y 
en el aviso de funcionamiento, además del cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley 
General para el Control del Tabaco y su Reglamento, apercibido que de no dar cumplimiento a 
este requerimiento se hará uso de las medidas de seguridad previstas en los artículos 404 de la 
Ley General de Salud y 2.68 del Código Administrativo del Estado de México, así como las 


medidas de apremio y medidas disciplinarias previstas en el artículo 19 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México; con la advertencia de que el retiro o 
destrucción de este aviso sin la orden de la autoridad competente, generará la aplicación de las 
medidas referidas; 

 

XII. Los avisos de requerimiento deberán ser colocados en el acceso al establecimiento y 
permanecerán visibles para el público en general; 

 

XIII. Los avisos de requerimiento deberán ser retirados una vez que el particular acredite 
debidamente el cumplimiento de las disposiciones de carácter sanitario señaladas en el propio 
aviso. 

 

La falta de asistencia por parte del particular a la visita de verificación, no impedirá su 
realización, en materia de Derecho de Vía y Publicidad Exterior reguladas en los capítulos 
segundo y tercero del Título Segundo del Libro Décimo Séptimo del Código Administrativo para 
el Estado de México. 

 

Las dependencias y organismos auxiliares deberán inscribir en el Registro Estatal de 
Inspectores los datos relativos a las visitas, inspecciones y verificaciones que se realicen, 
conforme a las disposiciones correspondientes. 

 

Artículo 129.- Tratándose de la aplicación de sanciones y de la emisión de otros actos 
administrativos que priven a los particulares de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, 
se otorgará previamente a los mismos la garantía de audiencia, conforme a las siguientes 
reglas: 

 

I. En el citatorio de garantía de audiencia se expresará: 

 

a) El nombre de la persona a la que se dirige. 

 

b) El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia. 

 

c) El objeto o alcance de la diligencia. 

 

d) Las disposiciones legales en que se sustente. 

 

e) El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o por medio de 
defensor. 

 

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que lo emite. 

 

II. La diligencia se desahogará en términos del citatorio, por lo que: 

 

a) La autoridad dará a conocer al particular las constancias y pruebas que obran en el 
expediente del asunto, en su caso. 

 

b) Se admitirán y desahogarán las pruebas que se ofrezcan. 

 

c) El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes. 

 

d) Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores. 

 

III. De no comparecer el particular en el día y hora señalados en el citatorio, se tendrá por 
satisfecha la garantía de audiencia. 


 

En los casos de actos fiscales, decretos de expropiación de bienes, medidas de seguridad, 
recuperación administrativa y sanciones de tránsito, la garantía de audiencia se otorgará en los 
medios de impugnación que se hagan valer en su contra. 

 

Artículo 130.- Cuando en el procedimiento sea necesario el desahogo de las pruebas ofrecidas, 
la autoridad administrativa fijará el día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no mayor de 
10 días siguientes a la presentación de la promoción inicial. Las pruebas supervenientes 
podrán presentarse hasta antes del dictado de la resolución. 

 

 

Artículo 131.- Concluida la tramitación del procedimiento, cuando existan documentos u otras 
pruebas que no sean del conocimiento de los particulares interesados, se pondrán las 
actuaciones a disposición de éstos por un plazo de tres días siguientes a la notificación del 
acuerdo respectivo, para que formulen, en su caso, los alegatos que consideren pertinentes. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Terminación del Procedimiento 

 

Artículo 132.- El procedimiento terminará por: 

 

I. Desistimiento; 

 

II. Convenio entre los particulares y las autoridades administrativas; 

 

III. Resolución expresa del mismo; 

 

IV. Resolución afirmativa ficta que se configure; y 

 

V. Resolución negativa ficta. 

 

Artículo 133.- Todo particular interesado podrá desistirse de su solicitud. Si el escrito de 
iniciación se haya presentado por dos o más interesados, el desistimiento sólo afectará a aquél 
que lo hubiese formulado. 

 

Artículo 134.- Las autoridades administrativas podrán celebrar con los particulares acuerdos o 
convenios de carácter conciliatorio que pongan fin a los asuntos, siempre que no sean 
contrarios a las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 135.- Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo 
del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, 
de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de 
un plazo que no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación, a 
excepción de los trámites que tengan plazo establecido en la Ley de la materia, los cuales 
deberán ser resueltos en el término señalado para tal efecto. 

 

Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla con 
requisitos, formales o proporcione los datos necesarios para su resolución, el plazo empezará a 
correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. Si la autoridad omite efectuar el 
requerimiento, la resolución afirmativa ficta se configurará en términos del siguiente párrafo. 

 

Transcurrido el plazo o término correspondiente sin que se notifique la resolución expresa, los 
interesados podrán solicitar a la autoridad ante la que presentó la petición, la certificación de 


que ha operado en su favor la afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e 
intereses legítimos de los peticionarios. 

 

Dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud de la certificación, la 
autoridad deberá expedirla salvo cuando el interesado no cumpla con los supuestos de 
procedencia establecidos en la ley de la materia. 

 

En caso de que la autoridad competente no de respuesta a la solicitud de certificación dentro 
del plazo señalado en el párrafo anterior, los peticionarios acreditarán la existencia de la 
resolución afirmativa ficta, que producirá todos sus efectos legales ante las autoridades 
administrativas, con la presentación del documento que acuse de recibo original que contenga 
la petición formulada en el que aparezca claramente, o sello fechador original de la dependencia 
administrativa o la constancia de recepción con firma original del servidor público respectivo. 

 

La resolución afirmativa ficta operará tratándose de peticiones que den inicio a procedimientos 
en las materias reguladas por el Código Administrativo, excepto, tratándose de peticiones que 
tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del Estado, municipios 
y organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, la afectación de derechos de terceros, 
el otorgamiento o modificación de concesiones para la prestación de servicios públicos, 
autorizaciones de conjuntos urbanos, licencias de uso del suelo, normas técnicas, evaluaciones 
técnicas de impacto, Evaluación de Impacto Estatal o Dictamen de Giro, así como el permiso 
para las casas de empeño y de las unidades económicas que ejercen la compra y/o venta de oro 
y/o plata y la resolución del recurso administrativo de inconformidad. Tampoco se configura la 
resolución afirmativa ficta cuando la petición se hubiese presentado ante autoridad 
incompetente, así como en los casos de la rescisión de las relaciones laborales con los policías. 

 

En todos los casos en que no opera la resolución afirmativa ficta, el silencio de las autoridades 
en el plazo de quince días hábiles posteriores a la presentación de la petición o el término 
establecido en la ley de la materia para dar respuesta, se considerará como resolución negativa 
ficta, que significa decisión desfavorable a los derechos e intereses de los peticionarios, para 
efectos de su impugnación en el juicio contencioso administrativo. 

 

Las peticiones que los particulares hagan al Titular del Poder Ejecutivo, podrán ser turnadas 
para su respuesta a las Dependencias, Organismos o Entidades, quienes deberán notificar al 
peticionario tal supuesto; así como, la autoridad que conocerá y dará respuesta. 

 

Artículo 136.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará: 

 

I. Nombre de las personas a las que se dirija y cuando se ignore se señalarán los datos 
suficientes para su identificación; 

 

II. La decisión de todas las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso; 

 

III. Los fundamentos y motivos que la sustenten; 

 

IV. Los puntos decisorios o propósitos de que se trate; y 

 

V. El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad competente que la emite. 

 

Artículo 137.- Cuando se impongan sanciones administrativas, excepto las que sean fijas, la 
motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias: 

 

I. La gravedad de la infracción en que se incurra; 

 


II. Los antecedentes del infractor; 

 

III. Las condiciones socio-económicas del infractor; 

 

IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso; y 

 

V. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico, derivado del incumplimiento de 
obligaciones, si lo hubiere. 

 

Artículo 138.- En las resoluciones en las que las autoridades administrativas apliquen 
sanciones a servidores públicos estatales o municipales, como resultado de denuncias en las 
que los particulares interesados hayan solicitado el pago de daños y perjuicios, se determinará 
si los mismos proceden o no, cuantificando el importe en su caso. Las dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, municipios y organismos auxiliares de carácter estatal y municipal a las 
que pertenezcan los servidores públicos sancionados, pagarán los daños y perjuicios, debiendo 
cobrarlos posteriormente a dichos sancionados, a través del procedimiento administrativo de 
ejecución. 

 

Artículo 139.- Tratándose de resoluciones desfavorables a los derechos e intereses legítimos de 
los particulares, las autoridades administrativas deberán informarles al momento de la 
notificación, el derecho y plazo que tienen para promover el recurso de inconformidad o el juicio 
ante el Tribunal. 

 

Artículo 140.- Los actos administrativos tienen fuerza ejecutiva, por lo que las autoridades 
administrativas los pondrán en práctica en términos de ley por sus propios medios, salvo en los 
casos en que se otorgue legalmente la suspensión. Para la ejecución de los actos, la autoridad 
administrativa deberá notificar a los interesados el acuerdo que la autorice. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

De los Procedimientos Administrativos Especiales 

 

SECCIÓN PRIMERA 

Del Procedimiento Administrativo de Ejecución 

 

Artículo 141.- Derogado. 

 

Artículo 142.- Derogado. 

 

Artículo 143.- Derogado. 

 

Artículo 144.- Derogado. 

 

Artículo 145.- Derogado. 

 

Artículo 146.- Derogado. 

 

Artículo 147.- Derogado. 

 

Artículo 148.- Derogado. 

 

Artículo 149.- Derogado. 

 

Artículo 150.- Derogado. 


 

Artículo 151.- Derogado. 

 

Artículo 152.- Derogado. 

 

Artículo 153.- Derogado. 

 

Artículo 154.- Derogado. 

 

Artículo 155.- Derogado. 

 

Artículo 156.- Derogado. 

 

Artículo 157.- Derogado. 

 

Artículo 158.- Derogado. 

 

Artículo 159.- Derogado. 

 

Artículo 160.- Derogado. 

 

Artículo 161.- Derogado. 

 

Artículo 162.- Derogado. 

 

Artículo 163.- Derogado. 

 

Artículo 164.- Derogado. 

 

Artículo 165.- Derogado. 

 

Artículo 166.- Derogado. 

 

Artículo 167.- Derogado. 

 

Artículo 168.- Derogado. 

 

Artículo 169.- Derogado. 

 

Artículo 170.- Derogado. 

 

Artículo 171.- Derogado. 

 

Artículo 172.- Derogado. 

 

Artículo 173.- Derogado. 

 

Artículo 174.- Derogado. 

 

Artículo 175.- Derogado. 

 

Artículo 176.- Derogado. 

 

Artículo 177.- Derogado. 


 

Artículo 178.- Derogado. 

 

Artículo 179.- Derogado. 

 

Artículo 180.- Derogado. 

 

Artículo 181.- Derogado. 

 

Artículo 182.- Derogado. 

 

Artículo 183.- Derogado. 

 

Artículo 184.- Derogado. 

 

Artículo 185.- Derogado. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Recurso Administrativo de Inconformidad 

 

Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los 
particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de 
inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo 
desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La 
resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el 
Tribunal. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas 
en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los 
servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los 
integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e 
intereses, en términos de las leyes aplicables. 

 

 

Artículo 187.- El recurso de inconformidad procede en contra de: 

 

I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares 
de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el 
procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las 
resoluciones; 

 

II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible 
reparación; y 

 

III. Las resoluciones que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares 
de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad 
que se hayan celebrado con los particulares en materias administrativa y fiscal. 

 


Artículo 188.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad 
administrativa competente o ante la propia autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado 
dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos su notificación. También podrá enviarse 
el recurso por correo certificado con acuse de recibo, caso en que se tendrá como fecha de 
presentación del escrito la del día en que se deposite en la oficina de correos. 

 

Artículo 189.- El escrito de interposición del recurso deberá llenar los siguientes requisitos 
formales: 

 

I. El nombre y domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, de quien 
promueva en su nombre; 

 

II. La resolución impugnada; 

 

III. El nombre y domicilio del tercer interesado, si lo hubiere; 

 

IV. Las pretensiones que se deducen; 

 

V. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado; 

 

VI. Los hechos que sustenten la impugnación del recurrente; 

 

VII. Las disposiciones legales violadas, de ser posible; 

 

VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y 

 

IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso. 

 

Artículo 190.- El recurrente deberá adjuntar al escrito de interposición del recurso: 

 

I. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio; 

 

II. El documento en el que conste el acto impugnado; 

 

III. Los documentos que ofrezca como prueba; y 

 

IV. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas 
pruebas. 

 

Artículo 191.- Si al examinarse el escrito de interposición se advierte que éste carece de algún 
requisito formal o que no se adjuntan los documentos respectivos, la autoridad administrativa 
requerirá al recurrente para que aclare y complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, 
apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se desechará de plano el escrito o se tendrán por no 
ofrecidas las pruebas, según el caso. 

 

Artículo 192.- Cuando sea procedente el recurso, se dictará acuerdo sobre su admisión, en la 
que también se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las 
providencias necesarias para su desahogo. 

 

Artículo 193.- La autoridad administrativa competente desechará el recurso, cuando: 

 

I. El escrito de interposición no contenga la firma autógrafa o huella digital del promovente; 

 

II. Si encontrare motivo manifiesto e indubitable de improcedencia; y 


 

III. Cuando prevenido el recurrente para que aclare, corrija o complete el escrito de 
interposición, no lo hiciere. 

 

Artículo 194.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, 
siempre y cuando: 

 

I. Lo solicite expresamente el recurrente; 

 

II. Se admita el recurso; 

 

III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; 

 

IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso 
de no obtener resolución favorable; y 

 

V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las 
formas previstas por la legislación financiera aplicable, cuando así lo acuerde 
discrecionalmente la autoridad. 

 

Artículo 195.- Es improcedente el recurso: 

 

I. Contra actos que hayan sido impugnados en un anterior recurso administrativo o en un 
proceso jurisdiccional, siempre que exista resolución ejecutoria que decida el asunto planteado; 

 

II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del recurrente; 

 

III. Contra actos que se hayan consentido expresamente por el recurrente, mediante 
manifestaciones escritas de carácter indubitable; 

 

IV. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos cuando el recurso no se 
haya promovido en el plazo señalado para el efecto; 

 

V. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto impugnado; 

 

VI. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado 
de existir el objeto o materia del mismo; y 

 

VII. Contra actos que hayan sido impugnados por el mismo recurrente, en otro medio de 
defensa y que se encuentre pendiente de resolución; 

 

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal. 

 

Artículo 196.- Será sobreseido el recurso cuando: 

 

I. El recurrente se desista expresamente del recurso; 

 

II. Durante el procedimiento apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia 
del recurso; 

 

III. El recurrente fallezca durante el procedimiento, siempre que el acto sólo afecte sus derechos 
estrictamente personales; 

 

IV. La autoridad haya satisfecho claramente las pretensiones del recurrente; y 


 

V. En los demás casos en que por disposición legal haya impedimento para emitir resolución 
que decida el asunto planteado. 

 

Artículo 197.- La autoridad competente o el superior jerárquico de la autoridad que emitió o 
ejecutó el acto impugnado, en su caso, dictará resolución y la notificará en un término que no 
exceda de 30 días siguientes a la fecha de interposición del recurso. En el ámbito municipal, el 
recurso será resuelto por el síndico. Para efectos de impugnación, el silencio de la autoridad 
significará que se ha confirmado el acto impugnado. 

 

El recurrente podrá decidir entre esperar la resolución expresa o promover juicio ante el 
Tribunal, en contra de la presunta confirmación del acto reclamado. 

 

Artículo 198.- En la resolución expresa que decida el recurso planteado, se contendrán los 
siguientes elementos: 

 

I. El examen de todas y cada uno de las cuestiones hechas valer por el recurrente, salvo que 
una o algunas sean suficientes para desvirtuar la validez del acto impugnado; 

 

II. El examen y la valorización de las pruebas aportadas; 

 

III. La mención de las disposiciones legales que la sustenten; 

 

IV. La suplencia de la deficiencia de la queja del recurrente, pero sin cambiar los hechos 
planteados; y 

 

V. La expresión en los puntos resolutivos de la reposición del procedimiento que se ordene; los 
actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; los términos de la modificación del 
acto impugnado; la condena que en su caso se decrete y, de ser posible los efectos de la 
resolución. 

 

 

TITULO TERCERO 

Del Proceso Administrativo 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 199.- El proceso administrativo ante el Tribunal se substanciará y resolverá con 
arreglo a las disposiciones de los títulos primero y tercero de este Código. 

 

Artículo 200.- El proceso administrativo comprende al juicio contencioso administrativo, la 
acción popular ante las salas regionales del Tribunal, al recurso de revisión y otros trámites 
ante la sala superior del mismo. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Derogado. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De la Integración del Tribunal 

Derogada. 

 


Artículo 201.- Derogado. 

 

Artículo 202.- Derogado. 

 

Artículo 203.- Derogado. 

 

Artículo 204.- Derogado. 

 

Artículo 205.- Derogado. 

 

Artículo 206.- Derogado. 

 

Artículo 207.- Derogado. 

 

Artículo 208.- Derogado. 

 

Artículo 209.- Derogado. 

 

Artículo 210. Derogado. 

 

Artículo 211. Derogado. 

 

Artículo 212.- Derogado. 

 

Artículo 213.- Derogado. 

 

Artículo 214.- Derogado. 

 

Artículo 215.- Derogado. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Sala Superior 

Derogada. 

 

Artículo 216. Derogado. 

 

Artículo 217.- Derogado. 

 

Artículo 218.- Derogado. 

 

Artículo 219. Derogado. 

 

Artículo 220.- Derogado. 

 

Artículo 221.- Derogado. 

 

Artículo 222.- Derogado. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

Del Presidente del Tribunal 

Derogada. 

 


Artículo 223.- Derogado. 

 

Artículo 224. Derogado. 

 

Artículo 225.- Derogado. 

 

 

SECCIÓN TERCERA BIS 

Del Vicepresidente del Tribunal 

Derogada. 

 

Artículo 225 Bis. Derogado. 

 

Artículo 225 Ter. Derogado. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

De las Salas Regionales 

Derogada. 

 

Artículo 226.- Derogado. 

 

Artículo 227.- Derogado. 

 

Artículo 228.- Derogado. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

Del Juicio Contencioso Administrativo 

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: 

 

I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar 
las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares 
de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el 
procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las 
resoluciones; 

 

II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de 
ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible 
reparación; 

 

III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las 
autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de 
carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que 
se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; 

 

IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en 
estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para 
dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; 


 

V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades 
administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones 
de los particulares, en el plazo de quince días siguientes a su presentación, conforme a las 
disposiciones de este ordenamiento; 

 

VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos 
auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los 
particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos diez días siguientes a su 
presentación; 

 

VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza 
administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los 
municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea 
obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de 
tales determinaciones; 

 

VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública 
del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del 
Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal 
o municipal; 

 

IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten 
como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y 

 

X. Actos o resoluciones en materias administrativa o fiscal emitidas por autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o 
municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de 
imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los 
ordenamientos legales aplicables; 

 

XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales. 

 

Artículo 230.- Serán partes en el juicio: 

 

I. El actor; 

 

II. El demandado. Tendrá ese carácter: 

 

a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto 
impugnado. 

 

b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de 
los particulares. 

 

c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición 
general. 

 

d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de 
carácter estatal o municipal. 

 

 

e) La autoridad de hecho. 

 


III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan 
verse afectados por las resoluciones del Tribunal. 

 

Artículo 231.- Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o 
legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo 
público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden 
jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, 
diferenciados del conjunto general de la sociedad. 

 

Artículo 232.- En el proceso administrativo no procederá la gestión oficiosa. El particular que 
promueva a nombre de otro, deberá acreditar su personalidad, mediante poder notarial o carta 
poder firmada ante dos testigos. La representación de las autoridades corresponderá a los 
servidores públicos que señalen, en su caso, las disposiciones legales aplicables. Cuando las 
partes tengan reconocida la personalidad ante la autoridad administrativa, ésta será admitida 
en el proceso administrativo, siempre que se compruebe esa circunstancia con las constancias 
respectivas. 

 

Artículo 233.- Los particulares deberán señalar domicilio en el municipio donde resida la sala 
ante la que se promueva en el primer escrito que se presente, para que en él se hagan las 
notificaciones personales indicadas en este Código. En caso contrario, se requerirá a los 
interesados para que lo hagan en un plazo de tres días, con el apercibimiento que de no 
hacerlo, las notificaciones que deban ser personales se efectuarán en los estrados de la propia 
sala. Para tal efecto, los particulares podrán señalar como domicilio para recibir notificaciones 
los estrados de la sala o la oficina del asesor comisionado adscrito a la misma, o por medios 
electrónicos en los términos establecidos en este Código. 

 

Las disposiciones anteriores se observarán en la tramitación del recurso de revisión. 

 

Artículo 234.- Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier 
persona con capacidad legal, quien queda facultada para interponer recursos, ofrecer y rendir 
pruebas, alegar en la audiencia, recibir documentos presentar otras promociones en el juicio. 
Esta persona no podrá desistirse del juicio o recurso respectivo, ni delegar sus facultades en 
terceros, salvo que exista autorización expresa al respecto. 

 

Artículo 235.- Las diligencias que deban practicarse fuera del recinto de las salas del Tribunal, 
se encomendarán a los secretarios de acuerdos o actuarios de la propia sala. 

 

Las diligencias que deban realizarse fuera del territorio del Estado, se encomendarán por medio 
de exhorto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o Tribunal Judicial de la entidad 
federativa correspondiente. El Tribunal, a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto al 
particular interesado, quien bajo su más estricta responsabilidad lo hará llegar al Tribunal 
exhortado para su diligenciamiento; pudiéndose devolver el documento diligenciado por 
conducto del mismo particular. Los exhortos que reciba el Tribunal se diligenciarán dentro de 
los tres días siguientes a su recepción, por conducto de la Sala Regional con jurisdicción en el 
lugar en donde deba practicarse la diligencia solicitada por la autoridad exhortante. 

 

Artículo 236.- Los secretarios de acuerdos autorizarán las actuaciones jurisdiccionales. 
También cuidarán de que los expedientes sean foliados al agregarse cada una de las hojas, las 
rubricarán en el centro de lo escrito y pondrán el sello oficial en el fondo del cuaderno, de 
manera que queden selladas las dos caras. 

 

Artículo 237.- Las resoluciones del Tribunal tendrán el carácter de acuerdos, sentencias 
interlocutorias y sentencias definitivas. Los acuerdos son las determinaciones de trámite. Son 


sentencias interlocutorias las que ponen fin al juicio o recurso, sin decidir la cuestión principal. 
Las sentencias definitivas son las que resuelven el juicio o recurso en lo principal. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De la Demanda 

 

Artículo 238.- La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la 
Sala Regional correspondiente al domicilio de la parte actora, dentro de los quince días al en 
que surta efectos la notificación del acto que se impugna o al en que haya tenido conocimiento 
del mismo, con las excepciones siguientes: 

 

I. Tratándose de la resolución negativa ficta, así como de omisiones para dar respuesta a 
peticiones de los particulares, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo, mientras no 
se notifique la resolución expresa; 

 

II. En los casos de expedición de reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones de 
carácter general, podrá presentarse la demanda, dentro del plazo de treinta días posteriores a la 
fecha en que entren en vigor. También podrán impugnarse estas disposiciones generales, 
conjuntamente con su primer acto de aplicación; 

 

III. Cuando se pida la invalidez de una resolución fiscal favorable a un particular, la demanda 
deberá presentarse dentro un año siguiente a la fecha de emisión de la decisión; y 

 

IV. Podrá ampliarse la demanda, dentro de los cinco días posteriores al en que surta efectos la 
notificación del acuerdo de admisión de contestación de demanda, en los siguientes casos: 

 

a) Tratándose de resolución negativa ficta. 

 

b) Cuando de la contestación de la demanda se advierta la existencia de actos novedosos o 
supervenientes. 

 

c) Cuando en la demanda se impugnen actos que no deriven de un procedimiento seguido en 
términos del artículo 129 de este Código o bien, provengan de un recurso administrativo y se 
aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, los particulares podrán 
expresar en su escrito inicial de demanda, su interés en que esas deficiencias sean satisfechas 
en la secuela del proceso. 

 

De ser procedente esa solicitud, la Sala Regional requerirá a la autoridad demandada para que, 
al contestar la demanda, complemente la fundamentación y motivación del acto impugnado. 
Realizado lo anterior, deberá correrse traslado al actor con la contestación y sus anexos para 
que en el plazo de cinco días, formule una ampliación de la demanda, la que deberá limitarse a 
las cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las 
demandadas así como a los terceros interesados y en su caso, se emplazará a las diversas 
autoridades que resulten de la ampliación. 

 

d) Cuando la parte actora manifieste desconocer la resolución fiscal que pretenda demandar 

 

Artículo 239.- La demanda deberá contener los siguientes requisitos formales: 

 

I. El nombre y domicilio del actor para recibir notificaciones y, en su caso, de quien promueva 
en su nombre; 

 

II. El acto o la disposición general que se impugna; 


 

III. Las autoridades o particulares que se demanden, en su caso; 

 

IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; 

 

V. Las pretensiones que se deducen; 

 

VI. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto impugnado; 

 

VII. La fecha en que entró en vigor la disposición general impugnada, en su caso; 

 

VIII. Los hechos que sustenten la impugnación del actor; 

 

IX. Las disposiciones legales violadas, de ser posible; 

 

X. Las pruebas que se ofrezcan; y 

 

XI. La solicitud de suspensión del acto impugnado, en su caso. 

 

Los demandantes podrán formular conceptos de invalidez y ofrecer pruebas aun cuando no se 
hayan hecho valer en el procedimiento administrativo o en el recurso de inconformidad. 

 

Artículo 240.- El actor podrá incluir en las pretensiones que se deduzcan en la demanda el 
pago de daños y perjuicios que se hayan causado, en forma dolosa o culposa por algún servidor 
público, en la emisión o ejecución del acto impugnado, ofreciendo las pruebas específicas que 
acrediten la existencia de los mismos. 

 

Artículo 241.- El actor deberá adjuntar a la demanda: 

 

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 

 

II. El documento que acredite su personalidad, cuando no se gestione a nombre propio; 

 

III. La copia de la instancia o solicitud no resuelta por la autoridad, que incluya el sello o datos 
de su recepción, en su caso; 

 

IV. Los documentos que ofrezca como prueba; y 

 

V. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos, en caso de ofrecimiento de estas 
pruebas. 

 

Artículo 242.- Cuando haya necesidad de impugnar actos privativos de libertad decretados por 
autoridad administrativa, la demanda podrá presentarse por cualquier persona, a nombre del 
actor, en forma escrita o verbal. El magistrado dictará las medidas necesarias para que, en su 
caso, el personal de la sala documente la demanda verbal y que el actor la ratifique con 
posterioridad a su admisión. 

 

Artículo 243.- Si al examinarse la demanda se advierte que ésta carece de algún requisito 
formal, el magistrado de la sala regional la subsanará en el momento de admitirla. 

 

Artículo 244.- En los casos en que no sea posible que el magistrado del conocimiento subsane 
algún requisito formal de la demanda o que no se adjunten los documentos respectivos, el 
magistrado de la sala regional requerirá al actor, para que aclare, corrija y complete la 
demanda o exhiba los documentos aludidos, en un plazo de tres días, apercibiéndolo de que, de 


no hacerlo, se desechará de plano la demanda o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, según 
el supuesto de que se trate. 

 

Artículo 245.- Se dictará acuerdo sobre admisión de la demanda, a más tardar al día siguiente 
de su presentación. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en 
su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo y se señalará fecha para la 
audiencia del juicio, dentro de un plazo que no excederá de los 10 días siguientes. 

 

Artículo 246.- La sala desechará la demanda, cuando: 

 

I. No contenga la firma autógrafa o huella digital del promovente; 

 

II. Encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; y 

 

III. Prevenido el actor para que aclare, corrija o complete la demanda, no lo hiciere. 

 

 

SECCIÓN TERCERA 

De la Contestación de Demanda 

 

Artículo 247.- Admitida la demanda se correrá traslado de ella a los demandados, 
emplazándolos para que la contesten dentro de los ocho días siguientes a aquél en que surta 
efectos el emplazamiento. Cuando fueren varios los demandados, el término correrá 
individualmente. 

 

El plazo para contestar la ampliación de demanda será de tres días posteriores al en que surta 
efectos la notificación del acuerdo que la admita. 

 

Artículo 248.- La contestación de demanda expresará: 

 

I. Las cuestiones que impidan se emita decisión en cuanto al fondo del asunto, en su caso; 

 

II. Las consideraciones que tiendan a demostrar la ineficacia de los motivos de impugnación del 
actor; 

 

III. Las pruebas que ofrezca, expresando claramente el hecho o hechos que trata de acreditar 
con las mismas, así como las razones por las que considera que demostrará sus afirmaciones; 

 

IV. Tratándose de negativa ficta, las razones que sustenten la legalidad de su resolución en 
sentido negativo; 

 

V. Nombre y domicilio del tercero interesado, cuando exista y no se haya señalado por el 
demandante. 

 

Artículo 249.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: 

 

I. Una copia de la misma y de los documentos anexos, para cada una de las partes; 

 

II. Los documentos que ofrezca como prueba; y 

 

III. El pliego de posiciones y el cuestionario para los peritos o su correspondiente adición, en 
caso de ofrecimiento de estas pruebas. 

 


Artículo 250.- Se dictará acuerdo sobre la contestación de demanda a más tardar al día 
siguiente de su presentación. En el mismo acuerdo se tendrán por admitidas o desechadas las 
pruebas ofrecidas y se emitirán, en su caso, las providencias necesarias para su desahogo. 

 

Artículo 251.- El tercero interesado podrá apersonarse a juicio a más tardar en la audiencia de 
Ley, aportando las pruebas que considere pertinentes y formulando alegatos de manera verbal 
o por escrito. 

 

Artículo 252.- Si la parte demandada no contesta dentro del término legal respectivo, el 
Tribunal tendrá por confesados los hechos que el actor le atribuye de manera precisa, salvo que 
por las pruebas rendidas legalmente o por hechos notorios, resulten desvirtuados. 

 

Artículo 253.- En los juicios en que no exista tercero interesado, las autoridades u organismos 
demandados podrán allanarse a la demanda, en cuyo caso se dictará de inmediato la resolución 
favorable a la parte actora. 

 

 

SECCIÓN CUARTA 

De la Suspensión del Acto Impugnado 

 

Artículo 254.- La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. 

 

Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, 
privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían 
físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se 
decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita 
la demanda. 

 

En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en 
cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el 
magistrado de la sala regional que conozca del asunto. 

 

Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para 
su inmediato cumplimiento. 

 

Artículo 255.- La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se 
encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a 
solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de 
orden público o se deja sin materia el juicio. 

 

La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento 
de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por 
autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen 
derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario 
otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios 
irreparables al propio particular. 

 

La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, 
previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones 
en las cuales se otorgó. 

 

Artículo 256.- Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el 
magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice 
su importe. 


 

Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la 
suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en 
cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que 
la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. 

 

Artículo 257.- En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o 
perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e 
indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el 
juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en 
dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. 

 

La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que 
las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar 
los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia 
favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el 
costo de la que hubiese otorgado el actor. 

 

Artículo 258.- En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma 
tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el 
acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación 
del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse 
al actor. 

 

Artículo 259.- El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto 
impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de 
éste se interponga el recurso de revisión. 

 

El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada 
para la ejecución del acto impugnado, aún cuando se interponga el recurso de revisión; pero si 
la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá 
sus efectos de manera inmediata. 

 

Artículo 260.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el 
interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que 
declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás 
partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los 
tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. 

 

 

SECCIÓN QUINTA 

De las Cuestiones Previas 

 

Artículo 261.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en este Código, 
serán nulas. En este caso la parte perjudicada podrá pedir que se declare la nulidad dentro de 
los tres días siguientes a aquél a que conoció el hecho, ofreciendo pruebas pertinentes en el 
mismo escrito en que se promueva la nulidad. 

 

Si se admite la promoción de nulidad, el magistrado resolverá en un plazo de tres días. En el 
caso de que se declarara la nulidad, la sala ordenará reponer el procedimiento a partir de la 
notificación anulada. 

 


Artículo 262.- Cuando ante una de las salas regionales se promueva juicio de la que otra deba 
conocer por razón de territorio, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución 
a la que en su concepto corresponda ventilar el negocio, enviándole los autos. 

 

Si la sala regional requerida lo acepta, comunicará su resolución a la requirente y a las partes. 
En caso de no aceptarlo, hará saber su resolución a la sala requirente y a las partes y remitirá 
los autos a la sección de la sala superior, para que determine la sala regional que deba conocer 
del asunto, notificando su decisión a las partes y a las salas respectivas. 

 

Cuando una sala regional esté conociendo de algún juicio que sea de la competencia de otra, 
cualquiera de las partes podrá ocurrir a la sección de la sala superior, dentro de los ocho días 
siguientes a que tenga conocimiento del asunto, exhibiendo copia certificada de la demanda y 
de las constancias que estime pertinentes. La sección de la sala superior resolverá la cuestión 
de competencia y ordenará la remisión de los autos a la sala regional que corresponda. 

 

Artículo 263.- Cuando los magistrados de las salas regionales y supernumerarias tengan 
impedimento para conocer de algún asunto, harán la manifestación ante la sección de la sala 
superior de su adscripción, para que lo califique de plano y designe quien deba sustituirlos. 

 

Tratándose de magistrados de las secciones de la sala superior, el Presidente del Tribunal 
resolverá lo conducente. 

 

Artículo 264.- Contestada la demanda, el magistrado examinará el expediente y si encontrare 
acreditada claramente alguna causa evidente de improcedencia o sobreseimiento, a petición de 
parte o de oficio, emitirá la resolución en la que se dé por concluido el juicio. En caso de que la 
causal no sea clara, ésta se decidirá en la sentencia que resuelva la cuestión planteada. 

 

Artículo 265.- En cualquier momento de la tramitación del proceso administrativo, o en la 
etapa de cumplimiento de sentencia y ante la Dirección de Mediación y Conciliación, las partes 
podrán llegar a arreglos conciliatorios que pongan fin al asunto, siempre que no sean contrarios 
a las disposiciones legales aplicables. Los acuerdos o convenios respectivos aprobados por el 
magistrado de la sala del conocimiento producirán todos los efectos jurídicos inherentes a una 
sentencia ejecutoria. 

 

Artículo 266.- Derogado. 

 

 

SECCIÓN SEXTA 

De la Improcedencia y Sobreseimiento 

 

Artículo 267.- El juicio ante el Tribunal es improcedente: 

 

I. Contra los actos o las disposiciones generales que no sean de la competencia del Tribunal; 

 

II. Contra actos o las disposiciones generales del propio Tribunal; 

 

III. Contra actos o las disposiciones generales que hayan sido impugnados en un diverso 
proceso jurisdiccional, siempre que exista sentencia ejecutoria que decida el fondo del asunto; 

 

IV. Contra actos o las disposiciones generales que no afecten los intereses jurídicos o legítimos 
del actor; 

 

V. Contra actos o las disposiciones generales que se hayan consentido expresamente por el 
actor, mediante manifestaciones escritas de carácter indubitable; 


 

VI. Contra actos o las disposiciones generales que se hayan consentido tácitamente, 
entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva en los plazos señalados por 
este Código; 

 

VII. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto o la 
disposición general reclamado; 

 

VIII. Cuando el acto o la disposición general impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o 
materialmente, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y 

 

IX. Contra actos, disposiciones generales u otros actos, que se refieran a la misma materia que 
hayan sido impugnados en otro medio de defensa, promovido por el mismo actor y que se 
encuentre pendiente de resolución; 

 

X. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado; 

 

XI. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición constitucional o 
legal. 

 

Artículo 268.- Procede el sobreseimiento del juicio: 

 

I. Cuando el demandante se desista expresamente del juicio; 

 

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el artículo anterior; 

 

III. Cuando el demandante muera durante el juicio, siempre que el acto o la disposición general 
impugnado sólo afecte sus derechos estrictamente personales; 

 

IV. Cuando la autoridad demandada haya satisfecho claramente las pretensiones del actor; y 

 

V. En los demás casos en que por disposición constitucional o legal haya impedimento para 
emitir resolución definitiva. 

 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Audiencia 

 

Artículo 269.- La audiencia del juicio tendrá por objeto: 

 

I. Desahogar las pruebas debidamente ofrecidas y admitidas; 

 

II. Oír los alegatos; y 

 

III. Dictar la sentencia o cuando la naturaleza del asunto lo amerite en un plazo no mayor de 
quince días. 

 

Artículo 270.- Abierta la audiencia el día y hora señalados, el secretario de acuerdos llamará a 
las partes, peritos, testigos y demás personas que por disposición de la ley deban de intervenir 
en el juicio y se determinará quienes deban permanecer en el salón y quienes en lugar separado 
para ser introducidos en su oportunidad. La falta de asistencia de las partes no impedirá la 
celebración de la audiencia. 

 


Si el tercero interesado se apersona en la audiencia, ésta podrá suspenderse, exclusivamente 
para el desahogo de las pruebas que le sean admitidas y cuya naturaleza lo exija. 

 

Artículo 271.- Concluido el desahogo de las pruebas, las partes podrán alegar en forma escrita 
o verbal por sí o por medio de sus representantes. Los alegatos verbales no podrán exceder de 
10 minutos por cada una de las partes. 

 

Artículo 272.- Una vez oídos los alegatos de las partes, la sala resolverá el juicio en la misma 
audiencia. Sólo cuando por el número de constancias que deban tomarse en cuenta podrá 
reservarse el dictado de la sentencia dentro de un término no mayor de cinco días. 

 

 

SECCIÓN SÉPTIMA BIS 

Del Juicio Sumario 

 

Artículo 272 A.- El juicio sumario se tramitará y resolverá en los términos del presente 
capítulo y en lo no previsto, en las demás disposiciones de este Código. 

 

Artículo 272 B.- Procederá el juicio en vía sumaria, siempre que se trate de los siguientes 
supuestos: 

 

I. Multas impuestas por infracciones de tránsito; 

 

II. Asuntos cuya cuantía sea menor a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

 

III. La omisión de las autoridades a dar respuesta a las peticiones de los particulares en 
términos de la fracción VI del artículo 229 del presente Código; 

 

IV. Apertura de negocios o empresas de bajo impacto o riesgo. 

 

Artículo 272 C.- Recibida la demanda se dictará auto sobre la admisión de la misma, a más 
tardar al día siguiente de su presentación. En el mismo acuerdo se proveerá sobre la 
suspensión, en caso de que se solicite, se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas, se 
señalará fecha para la audiencia en un plazo que no excederá de los diez días siguientes y se 
ordenará correr traslado con la misma y sus anexos a la autoridad demandada, para que la 
conteste en un plazo de tres días. 

 

El auto al que se refiere el párrafo anterior deberá ser notificado a más tardar al día siguiente 
de su emisión. 

 

Cuando los particulares formulen una demanda en vía sumaria, a pesar de que el acto que 
impugnen se ubique en un supuesto diverso a los mencionados en las anteriores fracciones, o 
bien controviertan simultáneamente algún acto que no se encuentre previsto en éstas, el 
Magistrado de la Sala Regional dictará auto en el que, de ser procedente, admita el juicio 
administrativo conforme a las demás disposiciones de este Código. 

 

El juicio sumario no será procedente cuando los particulares, al formular la demanda, formulen 
la solicitud a la que se refiere el artículo 238 fracción IV inciso c) de este Código. 

 

Artículo 272 D.- En el juicio sumario solo serán admisibles las pruebas documentales públicas 
y privadas, salvo que, con base en las particularidades del caso, el Magistrado de la Sala 
Regional considere necesario el desahogo de diversos medios de convicción. 

 


Artículo 272 E.- La audiencia del juicio sumario tendrá por objeto desahogar las pruebas 
admitidas, recibir los alegatos de las partes, mismos que deberán presentarse por escrito. La 
sala resolverá el juicio en la misma audiencia. 

 

Artículo 272 F.- Cuando los particulares impugnen la omisión de dar respuesta a las 
peticiones que formulen las autoridades, éstas, al contestar la demanda, deberán acreditar que 
han emitido y notificado la resolución recaída a la misma. 

 

Artículo 272 G.- Los particulares podrán hasta antes del día de la audiencia del juicio sumario 
expresar su voluntad de formular una ampliación de demanda en los términos del presente 
Código. De ser procedente, el Magistrado dictará acuerdo en el que se pronuncie sobre la 
procedencia de la ampliación de demanda, abriendo el plazo para su formulación y ordenando 
la continuación del proceso en la vía ordinaria. 

 

 

SECCIÓN OCTAVA 

De la Sentencia 

 

Artículo 273.- Las sentencias que dicten las salas del Tribunal deberán contener: 

 

I. El análisis de las causales de improcedencia o sobreseimiento del juicio que en su caso, se 
adviertan de oficio o sean propuestas por las partes; 

 

II. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos; 

 

III. El análisis de todas y cada una de las cuestiones planteadas por los interesados, salvo que 
el estudio de una o algunas sea suficiente para desvirtuar la validez del acto o disposición 
general impugnada, debiendo analizarse en primer lugar las cuestiones dirigidas al fondo del 
asunto; 

 

IV. El examen y valoración de las pruebas; 

 

V. La mención de disposiciones legales que las sustenten; 

 

VI. La suplencia de la deficiencia de la queja del particular, cuando el caso lo requiera, pero sin 
cambiar los hechos planteados por las partes; y 

 

VII. Los puntos resolutivos, en los que se expresarán: la declaratoria de sobreseimiento del 
juicio; los actos cuya validez se reconozca o cuya invalidez se declare; la reposición del 
procedimiento que se ordene; los términos de la modificación del acto impugnado; la validez o 
invalidez de la disposición legal, cuando sea procedente, y la condena que, en su caso, se 
decrete. 

 

Artículo 274.- Son causas de invalidez de los actos administrativos, además de las 
contempladas en el Código Administrativo, las siguientes: 

 

I. Incompetencia de la autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto o 
resolución reclamados; 

 

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del 
particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada; 

 

III. Vicios del procedimiento, siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al 
sentido de la resolución impugnada; 


 

IV. Si los hechos que lo motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma 
equivocada, o si se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o se dejaron de 
aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto; 

 

V. Desvío de poder, arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquier 
otro motivo similar; 

 

VI. Cuando el acto administrativo sea violatorio de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en los que 
el Estado Mexicano sea parte y la Constitución Política del Estado de México. 

 

Artículo 275.- Será causa de invalidez de los reglamentos, decretos, circulares y demás 
disposiciones de carácter general, que se hayan impugnado en el juicio, la violación de las 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de las leyes que de una y otra 
emanen. La decisión de invalidez solo se referirá al caso concreto, sin hacer una declaración 
general respecto de la disposición reclamada. 

 

Artículo 276.- Las sentencias que declaren la invalidez del acto impugnado, precisarán la 
forma y términos en que las autoridades demandadas deben otorgar o restituir a los 
particulares en el pleno goce de los derechos afectados. El Tribunal puede modificar la 
resolución impugnada reconociendo la parte en que sea legal y la invalidez de la que no lo sea. 

 

En caso de que en la sentencia se condene al pago de daños y perjuicios que se hayan causado, 
en forma dolosa o culposa, por la emisión o ejecución del acto invalidado, se cuantificará el 
monto de los mismos, que serán pagados por las dependencias públicas a las que se 
encuentran adscritas las autoridades demandadas, debiendo cobrarlos posteriormente a los 
servidores públicos directamente responsables, a través del procedimiento administrativo de 
ejecución. 

 

Cuando se haya declarado la invalidez de una disposición de carácter general, las sentencias 
privarán de efectos los actos de ejecución ya producidos y precisarán la forma en que la 
disposición general no pueda ser aplicada al demandante en casos posteriores. 

 

Cuando en la sentencia se condene a la autoridad a emitir una resolución debidamente 
fundada y motivada, los particulares podrán impugnar ese nuevo acto administrativo dentro del 
plazo de quince días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución que 
tenga por cumplida la sentencia. 

 

Artículo 277.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante la sección de la sala 
superior de la jurisdicción, si el magistrado de la sala regional no dicta sentencia dentro del 
plazo legal respectivo. 

 

Recibida la excitativa de justicia el presidente de la sección solicitará informe al magistrado que 
corresponda, quien deberá rendirlo dentro del plazo de tres días. 

 

Al resolver sobre la excitativa de justicia, las secciones ponderarán la carga de trabajo de la sala 
regional, la complejidad del asunto planteado en el juicio y la dilación en la que, en su caso, se 
hubiese incurrido. 

 

El presidente dará cuenta a la sección y si está encuentra fundada la excitativa encontrará un 
plazo que no excederá de tres días para que el magistrado dicte la resolución correspondiente. 


 

Artículo 278.- Causan ejecutoria las siguientes sentencias: 

 

I. Las que no admitan ningún recurso; 

 

II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o habiéndolas sido se haya 
desechado o sobreseido o hubiese resultado infundado; y 

 

III. Las consentidas expresamente por las partes o sus representantes legítimos. 

 

 

SECCIÓN NOVENA 

Del Cumplimiento de la Sentencia 

 

Artículo 279.- Cuando haya causado ejecutoria una sentencia favorable al actor, la sala 
regional competente la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades 
demandadas para su cumplimiento. 

 

En el propio oficio en que se haga la notificación a los demandados, se les prevendrá para que 
informen sobre el cumplimiento que se dé a la sentencia respectiva. 

 

Artículo 280.- Si dentro de los tres días siguientes a la notificación a los demandados, la 
sentencia no quedare cumplida o no se encontrare en vías de cumplimiento, la sala regional 
competente, de oficio o a petición de parte, dará vista a las autoridades para que manifiesten lo 
que a su derecho convenga. Se formulará la misma vista, cuando el actor manifieste que existe 
defecto o exceso en la ejecución de la sentencia o que se ha repetido el acto impugnado. 

 

La sala regional resolverá si el demandado ha cumplido con los términos de la sentencia, si no 
existe defecto o exceso en la ejecución de la misma y si no se ha repetido el acto impugnado. De 
lo contrario, la requerirá para que cumpla la decisión respectiva en un plazo de tres días 
posteriores al en que surta efectos la notificación y previniéndola que, en caso de renuencia, se 
le impondrá una multa por la cantidad equivalente de 100 a 1,000 veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el 
magistrado comisionará al secretario de acuerdos o actuario para que dé cumplimiento a la 
ejecutoria, en caso de que no lo haga la autoridad en ese plazo. 

 

En los casos en que por la naturaleza del asunto no sea materialmente posible dar 
cumplimiento a la sentencia o iniciar su cumplimiento dentro del plazo establecido en el primer 
párrafo de este artículo, el magistrado podrá ampliarlo hasta por diez días, contados a partir del 
día siguiente al en que se notifique a los demandados el requerimiento correspondiente. 

 

Artículo 281.- En el supuesto de que la autoridad o servidor público persistiere en su actitud, 
la sección de la sala superior resolverá a instancia de la sala regional, solicitar del titular de la 
dependencia estatal, municipal u organismo a quien se encuentre subordinado, conmine al 
servidor público responsable para que dé cumplimiento a las determinaciones del Tribunal, en 
un plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación, sin perjuicio de que se 
reitere cuantas veces sea necesario la multa impuesta. Cuando la autoridad u organismo no 
tuviere superior, el requerimiento se hará directamente con ellas. 

 

Si no obstante los requerimientos anteriores, no se da cumplimiento a la resolución, la sección 
de la sala superior podrá decretar la destitución del servidor público responsable, excepto que 
goce de fuero constitucional. 

 


En caso de que el servidor público administrativo goce de fuero constitucional, la sección de la 
sala superior formulará ante la Legislatura Estatal la solicitud de declaración de desafuero, en 
cuya tramitación y resolución se aplicarán en lo conducente las disposiciones del título 
segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos, así como aquellas que se encuentren 
obligadas en atención a la naturaleza de sus atribuciones, incurren en responsabilidad, por 
falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades 
demandadas. 

 

Si la sentencia se encuentra cumplida, así lo determinará la Sección de la Sala Superior, 
ordenando el archivo del recurso o juicio respectivo. 

 

Artículo 282.- Tratándose de actos de privación de la propiedad de bienes inmuebles, la 
sección de la sala superior podrá determinar, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, 
el cumplimiento sustituto de las ejecutorias, mediante el pago del valor comercial de los 
inmuebles, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a terceros en mayor 
proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el actor. 

 

Artículo 283.- El juicio contencioso administrativo podrá archivarse cuando quede cumplida la 
sentencia ejecutoria en que se haya declarado la invalidez del acto o la disposición general 
impugnada, o bien haya operado la caducidad. 

 

Opera la caducidad del cumplimiento de sentencia, cuando haya transcurrido el término de 
seis meses sin que la parte interesada realice promoción alguna al respecto. 

 

Artículo 284.- Las disposiciones anteriores se aplicarán en lo conducente cuando no se de 
cumplimiento, se viole o exista exceso o defecto en la ejecución del acuerdo de suspensión que 
se hubiere decretado respecto del acto impugnado. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO BIS 

DE LA ACCIÓN POPULAR 

 

Artículo 284 A.- La acción popular es una acción pública que será procedente para proteger 
los derechos e intereses colectivos contenidos en las materias que señala el artículo 1.1 en sus 
fracciones I, II, V, VII, VIII, IX, X y XI del Código Administrativo del Estado de México. 

 

La protección de los derechos e intereses colectivos a que se refiere el párrafo anterior, 
comprenderán la prevención y restauración del agravio contingente, en el marco de respeto y 
aplicación irrestricta de los derechos fundamentales de las personas. 

 

Artículo 284 B.- La iniciativa popular se sustanciará y resolverá con arreglo a las disposiciones 
de los títulos primero y tercero de este Código. 

 

Artículo 284 C.- En el escrito inicial de demanda se describirán los siguientes requisitos: 

 

a). Identificación del derecho o interés colectivo agraviado o que se pretende proteger; 

 

b). Los hechos, actos u omisiones que la motivan; 

 

c). Enunciación de las pretensiones; 

 

d). Señalamiento de la autoridad responsable; 


 

e). Descripción de las pruebas que justifican la acción; 

 

f). Domicilio para recibir notificaciones; 

 

g). Listado de nombres de los accionantes el cual no deberá ser menor a diez personas por cada 
derecho o interés colectivo que se argumente. 

 

Artículo 284 D.- En la acción popular procede el recurso de revisión ante la Sala Superior, en 
los términos y contra los actos previstos en los artículos 285, 286, 287 y 288 de este Código. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

Del Recurso de Revisión 

 

Artículo 285.- Procede el recurso de revisión en contra de: 

 

I. Los acuerdos que desechen la demanda; 

 

II. Los acuerdos que concedan o nieguen la suspensión del acto impugnado, los que revoquen o 
modifiquen estos acuerdos y los que señalen garantías o cauciones con motivo de la propia 
suspensión; 

 

III. Las resoluciones que decreten o nieguen sobreseimientos; 

 

IV. Las sentencias que decidan la cuestión planteada, por violaciones cometidas en ellas o 
durante el procedimiento del juicio, en este último caso cuando hayan dejado sin defensa al 
recurrente y trascienden al sentido de las sentencias; y 

 

V. Las resoluciones que se emitan en el juicio sumario; 

 

VI. Las resoluciones de las salas regionales que pongan fin al procedimiento de ejecución de 
sentencia; 

 

Artículo 286.- El recurso de revisión podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con 
expresión de agravios, dentro del plazo de ocho días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución que se impugne. El recurso se presentará ante la sección de la sala 
superior correspondiente a la adscripción de la sala regional que haya emitido la resolución 
recurrida. 

 

El presidente de la sección, al admitir el recurso, designará a un magistrado ponente y 
mandará correr traslado del mismo a las demás partes por el término de tres días posteriores al 
en que surta efectos la notificación, para que expongan lo que a sus derechos convenga. 

 

Vencido este término, el magistrado ponente formulará el proyecto de resolución y dará cuenta 
del mismo a la sección de la sala superior en un plazo de cinco días. 

 

Son aplicables al recurso de revisión las causales de improcedencia y sobreseimiento que se 
contemplan en este Código para el juicio administrativo. 

 

En caso de que al recibir el recurso, el Presidente de Sección advierta que existe un motivo 
notorio de improcedencia, lo turnará de inmediato al Magistrado ponente para que la Sección 
decida sobre el desechamiento del mismo. 

 


Artículo 287.- Las partes podrán formular excitativa de justicia ante la sección de la sala 
superior, si el magistrado ponente no formula el proyecto de resolución del recurso de revisión 
dentro del plazo legal respectivo. 

 

El presidente de la sección dará cuenta a la sala superior y si ésta encuentra fundada la 
excitativa, otorgará un plazo que no excederá de tres días para que el magistrado presente el 
proyecto correspondiente. 

 

Artículo 288.- Al resolver el recurso de revisión, las secciones podrán modificar, revocar o 
confirmar la resolución impugnada, observando lo siguiente: 

 

I. Si se considera infundada alguna causal de sobreseimiento del juicio, se modificará esta 
resolución cuando apareciere probado otro motivo legal para ello, o bien se revocará la 
determinación, para emitir sentencia en la que decida la cuestión planteada; 

 

II. Si se acreditan violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, que hayan dejando 
sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de las sentencias, se revocarán éstas y se 
mandará reponer el procedimiento; 

 

III. Cuando se estimen fundados los agravios en los que se sostenga que se omitió el análisis de 
determinados argumentos o la valoración de algunas pruebas, se realizará el estudio de unos y 
de otras; 

 

IV. Sólo se tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen aportado en el juicio 
respectivo, salvo que no se haya tenido la oportunidad procesal para rendirlas; y 

 

V. Se suplirá la deficiencia de los agravios del particular demandante, cuando el caso lo 
requiera, pero sin cambiar los hechos planteados. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO BIS 

Del Recurso De Inconformidad 

 

Artículo 288 A.- Contra las resoluciones que emita el Consejo de la Justicia Administrativa en 
el procedimiento de responsabilidad administrativa, los servidores públicos del Tribunal tienen 
derecho a promover el recurso de inconformidad ante el Pleno de la Sala Superior, como único 
medio de defensa, dentro del término de quince días siguientes al en que surta efectos la 
notificación de la resolución reclamada. 

 

El recurso de inconformidad debe ser interpuesto con expresión de agravios ante el Presidente 
del Pleno. 

 

El Presidente del Pleno de la Sala Superior admitirá el recurso; designará Magistrado ponente y 
mandará correr traslado del mismo a las demás partes, para que manifiesten lo que a su 
derecho convenga, dentro del término de tres días posteriores al en que surta efectos la 
notificación. 

 

Vencido este término, el Magistrado ponente formulará el proyecto de resolución y dará cuenta 
del mismo al Pleno de la Sala Superior en la sesión correspondiente, en la que se emitirá el fallo 
definitivo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

De la Jurisprudencia 

 


Artículo 289.- Las sentencias de las secciones de la sala superior constituirán jurisprudencia 
que será obligatoria para ellas y las salas regionales del Tribunal, siempre que lo resuelto se 
sustente en tres ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido aprobadas 
por mayoría de votos. El texto de cada jurisprudencia será aprobado por el pleno de la sala 
superior, a propuesta del presidente del Tribunal. 

 

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas establecidas para su 
formación. 

 

Artículo 290.- Cuando las secciones de la sala superior entre sí o las salas regionales 
sustenten tesis contradictorias, cualquiera de las que intervinieron en los asuntos en que esas 
tesis hubieran sido sustentadas, podrá denunciar la contradicción ante el pleno de la sala 
superior. El presidente del Tribunal formulará la ponencia respectiva, a fin de decidir si 
efectivamente existe la contradicción y, en su caso, cual será el criterio que como 
jurisprudencia adopte la propia sala. 

 

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las 
sentencias contradictorias en los juicios en que fueron pronunciadas. 

 

Artículo 291.- Al aprobarse el texto de alguna jurisprudencia, en la que se sostenga la 
invalidez de reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales, el pleno de la 
sala superior lo comunicará a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios 
o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que los hayan expedido, 
recomendándoles la reforma o derogación de los mismos. 

 

Artículo 292.- Las jurisprudencias que sustente la sala superior, se publicarán en la «Gaceta 
del Gobierno» y en el órgano de difusión del Tribunal. En esta última publicación, también se 
divulgarán las tesis importantes que constituyan precedente. 

 

Artículo 293.- Cuando las partes invoquen la jurisprudencia del Tribunal, lo harán por escrito, 
expresando el número, el texto y las tesis que la integran. 

 

 

TITULO CUARTO 

DE LOS ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DEL TRIBUNAL 

Derogado. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL CONSEJO DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Derogado. 

 

 

Artículo 294.- Derogado. 

 

Artículo 295. Derogado. 

 

Artículo 296.- Derogado. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FONDO AUXILIAR PARA LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

Derogado. 

 

Artículo 297.- Derogado. 


 

Artículo 298.- Derogado. 

 

Artículo 299.- Derogado. 

 

Artículo 300.- Derogado. 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

Derogado. 

 

Artículo 301.- Derogado. 

 

Artículo 302.- Derogado. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Código en la «Gaceta del Gobierno». 

 

Artículo Segundo.- Este Código entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su 
publicación en la «Gaceta del Gobierno». 

 

Artículo Tercero.- Se abroga la Ley de Justicia Administrativa del Estado de México, publicada 
en la «Gaceta del Gobierno» el 31 de diciembre de 1986. 

 

Artículo Cuarto.- Se derogan los siguientes artículos: 67, 74, 78, del 108 al 166, 168 y 169 del 
Código Fiscal del Estado de México; 66, 71, 75, del 104 al 162 y del 164 a 166 del Código Fiscal 
Municipal del Estado de México; del 155 al 159 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; 50, 66, 67 y del 100 al 102 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios; 133, 135, 141, 144 y 145 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de México; 62, 63, 70 y del 85 al 88 de la Ley de Protección al Ambiente del Estado de 
México; del 288 al 296 y del 298 al 307 de la Ley de Salud del Estado de México; 46, 52 y del 54 
al 57 de la Ley de Protección Civil del Estado de México; 53 de la Ley de Catastro del Estado de 
México; 31 y 88 último párrafo de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México; 39 de la 
Ley de Aportaciones de Mejoras del Estado de México; del 37 al 39 de la Ley sobre la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de México; 43 y 45 de la Ley de 
Turismo del Estado de México; 42 y 43 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Mantenimientos y Almacenes del Estado de México; del 144 al 146 de la Ley 
de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 29 y 37 de la Ley 
para el Fomento Económico del Estado de México; del 33 al 43 de la Ley de Expropiación para 
el Estado de México; 61 y 62 de la Ley Agrícola y Forestal del Estado de México; y 112 y 113 de 
la Ley de Fomento Ganadero del Estado de México. 

 

Artículo Quinto.- Se reforman los artículos 167 del Código Fiscal del Estado de México, 163 
del Código Fiscal Municipal del Estado de México, 154 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, 143 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de México, 84 de la Ley de 
Protección al Ambiente del Estado de México, 297 de la Ley de Salud del Estado de México, 136 
último párrafo de la Ley Orgánica del Notariado del Estado de México, 57 de la Ley de Tránsito 
y Transportes del Estado de México, 53 de la Ley de Protección Civil del Estado de México, 43 
de la Ley de Catastro del Estado de México, 38 de la Ley de Aportaciones de Mejoras del Estado 
de México, 57 de la Ley de Obras Públicas del Estado de México, 36 de la Ley sobre la 


Prestación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Estado de México, 44 de la 
Ley de Turismo del Estado de México, 41 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Mantenimientos y Almacenes del Estado de México, 45 de la Ley Protectora de 
Animales del Estado de México, 143 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, 38 de la Ley para el Fomento Económico del Estado de México, 32 de 
la Ley de Expropiación para el Estado de México, 63 de la Ley Agrícola y Forestal del Estado de 
México y 114 de la Ley de Fomento Ganadero del Estado de México, para que cada uno quede 
con el texto siguiente: «Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o ejecuten las 
autoridades competentes, en aplicación del presente ordenamiento, los particulares afectados 
tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia 
autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las 
disposiciones del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México». 

 

Artículo Sexto.- Se derogan las normas legales y reglamentarias de igual o menor jerarquía 
que sean contrarias a las disposiciones del presente Código. 

 

Artículo Séptimo.- Los procedimientos y recursos administrativos, así como los juicios 
contencioso administrativos que se encuentren en trámite al entrar en vigor este ordenamiento, 
se decidirán conforme a las disposiciones legales anteriores al mismo. 

 

Artículo Octavo.- Los actuales magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
podrán ser jubilados de acuerdo a la ley de la materia, dentro de los 120 días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento. Recibirán las prestaciones que establezca 
la legislación, excepto que regresen a ejercer sus funciones. 

 

Artículo Noveno.- Con la finalidad de que los magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo puedan sustituirse en forma escalonada, seis serán nombrados por cinco años y 
seis por 10 años. 

 

Artículo Décimo.- Las secciones de la sala superior del Tribunal se integrarán dentro de los 
120 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Código. En tanto se integran 
estas secciones, sus atribuciones se ejercerán por la sala superior, con su estructura anterior. 

 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE 
Y SE CUMPLA. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, 
capital del Estado de México, a los cuatro días del mes de febrero de mil novecientos noventa y 
siete. Diputado Presidente.- C. Rosendo Marín Díaz.- Diputados Secretarios.- C. Marco Antonio 
Gutiérrez Romero; C. Federico Palma Camacho.- Rúbricas. 

 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 

 

Toluca de Lerdo, Méx., a 6 de febrero de 1997. 

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 


 

 
LIC. CESAR CAMACHO QUIROZ 
(Rúbrica) 


 

 


EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 


 

 
LIC. HECTOR XIMENEZ GONZALEZ 
(Rúbrica) 

 

 

 
APROBACION: 4 de febrero de 1997 
PROMULGACION: 6 de febrero de 1997 
PUBLICACION: 7 de febrero de 1997 
VIGENCIA: 9 de marzo de 1997 

 

 

REFORMAS 

 

DECRETO NÚMERO 45.- Por el que se reforman los artículos 1, 12, párrafo tercero, 135, 211, 
primer párrafo, 212, 213, 214, 218 y 228; se adicionan los artículos 21, con un segundo 
párrafo, 26, con un quinto párrafo, 62, con un último párrafo, y 280, con un tercer párrafo y se 
derogan los artículos 266 y 274 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 21 de diciembre de 
2001, entrando en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su publicación. 

 

FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 28 de enero del 2002. 

 

DECRETO NÚMERO 93.- Por el que se reforman los artículos 203, 205 fracciones III y VIII, 
208, 210, 216, 217, 218 fracción X, 222 fracción VIII, 225 fracción XI, 227 fracción VIII, 235, 
238, 251 y 261, se adiciona la fracción IX al artículo 227 y un Título Cuarto, denominado “De 
los Organismos Administrativos del Tribunal”, al Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 25 de 
noviembre del 2004, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

DECRETO NÚMERO 195 EN SU ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO.- Por el que se derogan 
los artículos 141 al 185 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 27 de diciembre del 2005, entrando en vigor el primero 
de enero del año 2006. 

 

DECRETO NÚMERO 14 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se reforma el artículo 9 del 
Código de Procedimientos Administrativo del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 27 de diciembre del 2006, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

DECRETO NÚMERO 90 EN SU ARTÍCULO CUARTO.- Por el que se adiciona una fracción V al 
artículo 25 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 3 de diciembre del 2007; entrando en vigor a los 30 días naturales 
siguientes al de su publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DECRETO NÚMERO 116.- Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 135 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno 
el 19 de agosto de 2010; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 


 

DECRETO NÚMERO 141 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se reforma la fracción I del 
artículo 3 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 03 de septiembre de 2010; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

DECRETO NÚMERO 217.- Por el que se reforma el artículo 214 del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 09 de noviembre 
de 2010; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” del Estado de México. 

 

DECRETO NÚMERO 231.- Por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 262 del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 
01 de diciembre de 2010; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

DECRETO NÚMERO 278 EN SU ARTÍCULO TERCERO.- Por el que se reforma el artículo 255 
del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 31 de marzo de 2011; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

DECRETO NÚMERO 335.- Por el que se reforma el artículo 229 en su fracción VI del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 
30 de agosto de 2011; entrando en vigor a los 30 días naturales siguientes al de su publicación 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DECRETO NÚMERO 492.- Por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 85 del Código 
de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del Gobierno 
el 24 de agosto del 2012; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 493 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se reforman los artículos 
200 y 227 en su fracción I y se adiciona al Título Tercero el Capítulo Tercero Bis denominado 
“De la Acción Popular” al cual se adicionan los artículos 284 A, 284 B, 284 C y 284 D del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 24 de agosto del 2012; entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DECRETO NÚMERO 526 EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Por el que se adicionan los párrafos 
segundo y tercero al artículo 255 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de 
México. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 15 de octubre de 2012; entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 53 EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Por el que se reforma el párrafo sexto del 
artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en 
la Gaceta del Gobierno el 22 de febrero de 2013; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 132 EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Por el que se reforma el párrafo sexto 
del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 29 de agosto de 2013; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 


DECRETO NÚMERO 178 EN SU ARTÍCULO PRIMERO.- Por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 129 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 19 de diciembre de 2013, entrando en vigor al siguiente 
día de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 197 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO.- Por el que se reforman los artículos 
1 en su fracción II, 2, 3 en su primer párrafo y en sus fracciones VII y VIII, 8, 10, 16, 22, 25 en 
sus fracciones II, III y V 26 en su cuarto párrafo, 29, 42, 69 en su segundo párrafo, 78, 84 en 
su párrafo segundo, 85 en su párrafo segundo, 95, 128 fracción I en su inciso c), 135 en su 
párrafo sexto, 195 en su fracción VII, 200, 202, 203, 207, 208, 211 en su primer párrafo, 212, 
213, 214, 218 en su fracción XII, 221 en su fracción III, 222 en su fracción V, 225 en su 
fracción XIV, 227 en sus fracciones I y II, 228, 229 en sus fracciones V, VI y X, 230 fracción II 
en su inciso e), 233, 238 en su primer párrafo y en sus fracciones II y IV, 248 en sus fracciones 
III y IV, 251, 259 en su primer párrafo, 262 en su párrafo segundo, 263, 265, 267 en su 
fracción IX, 268 en su fracción V, 269 en sus fracciones I y III, 273 en sus fracciones I y III, 
274, 275, 276, 277 en su párrafo tercero, 280 en su segundo párrafo, 281 en su cuarto párrafo, 
283, 285 en su fracción V, 288 en su primer párrafo, 295, 298 en su fracción VI. Se adicionan 
las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI al artículo 1,la fracción IX al artículo 3, un 
segundo párrafo al artículo 6, la fracción VII del artículo 17, la fracción VI al artículo 25, el 
artículo 26 bis, la fracción V y un último párrafo al artículo 28, el párrafo segundo al artículo 
40, un segundo párrafo al artículo 63, los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 84, un 
segundo párrafo al artículo 102, un tercer párrafo al artículo 114, las fracciones XI, XII, XIII y 
un último párrafo al artículo 128, una fracción VIII al artículo 195, un tercer párrafo del 
artículo 211, las fracciones XIII y XIV al artículo 218, la fracción XV al artículo 225, la fracción 
XI al artículo 229, un último párrafo al artículo 239,la fracción V al artículo 248, las fracciones 
X y XI al artículo 267, un segundo párrafo del artículo 270, la SECCIÓN SÉPTIMA BIS 
denominada “DEL JUICIO SUMARIO” al CAPÍTULO TERCERO “DEL JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO” del TÍTULO TERCERO “DEL PROCESO ADMINISTRATIVO”, los artículos 
272 A, 272 B, 272 C, 272 D, 272 E, 272 F, 272 G, un cuarto párrafo al artículo 277, un quinto 
párrafo al artículo 281, la fracción VI al artículo 285, los párrafos cuarto y quinto al artículo 
286, el Capítulo Cuarto Bis al Título tercero, el artículo 288 A y se deroga el artículo 5 del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 22 de enero de 2014, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México. 

 

FE DE ERRATAS: Publicada en la Gaceta del Gobierno el 27 de marzo de 2014. 

 

DECRETO NÚMERO 367 EN SU ARTÍCULO QUINTO.- Por el que se reforman los párrafos 
primero, segundo, tercero, sexto y séptimo del artículo 135 y las fracciones IV, V y VI del 
artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en 
la Gaceta del Gobierno el 18 de diciembre de 2014, entrando en vigor a los 90 días naturales 
siguientes al de su publicación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 461 EN SU ARTÍCULO TERCERO. Por el que adiciona un párrafo tercero 
al artículo 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 06 de julio de 2015; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 57 EN SU ARTÍCULO SEXTO. Por el que se reforman las fracciones III y 
V del artículo 25, los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 26, las fracciones I y II del 
artículo 26 bis, la fracción V del artículo 28 y se adiciona un segundo y último párrafo al 
artículo 26 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 6 de enero de 2016; entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 


 

FE DE ERRATAS DEL DECRETO NÚMERO 57 DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA “GACETA DEL GOBIERNO” NÚMERO 2, DE FECHA 6 DE 
ENERO DEL AÑO 2016, SECCIÓN QUINTA. Publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 3 de febrero de 2016. 

 

DECRETO NÚMERO 144 EN SU ARTÍCULO ÚNICO: Por el que se reforman el artículo 210, el 
primer párrafo del artículo 211, el primer y tercer párrafo del artículo 216, la fracción I del 
artículo 218, el artículo 219, el artículo 224, la fracción V del artículo 225, el primer párrafo del 
artículo 295 y se adiciona la Sección Tercera Bis “Del Vicepresidente del Tribunal” al Capítulo 
Segundo “Del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” al Título Tercero “Del Proceso 
Administrativo” y sus artículos 225 Bis y 225 Ter, del Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
04 de noviembre de 2016, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DECRETO NÚMERO 178 EN SU ARTÍCULO SEGUNDO. Por el que se reforma la fracción II del 
artículo 19, la fracción II del artículo 272 B y el párrafo segundo del artículo 280 y se adiciona 
la fracción XII al artículo 1 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de diciembre de 2016; entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

FE DE ERRATAS: Publicado en la Gaceta del Gobierno el 23 de enero de 2017. 

 

DECRETO NÚMERO 207 EN SU ARTÍCULO CUARTO. Por el que se derogan el Capítulo 
Segundo del Título Tercero y sus Secciones Primera, Segunda, Tercera, Tercera Bis, Cuarta y 
sus artículos 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225 Bis, 225 Ter, 226, 227, 228, el Título Cuarto 
y sus Capítulos Primero, Segundo y Tercero, así como sus artículos 294, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301 y 302 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Publicado en la Gaceta del Gobierno el 30 de mayo de 2017. Entrando en vigor a partir de la 
vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 

 

DECRETO NÚMERO 241 EN SU ARTÍCULO DÉCIMO. Por el que se reforma el párrafo sexto 
del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado 
en la Gaceta del Gobierno el 8 de septiembre de 2017; entrando en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

DECRETO NÚMERO 331 EN SU ARTÍCULO QUINTO. Por el que se reforma el párrafo segundo 
de la fracción IV y los párrafos primero y tercero de la fracción XI del artículo 128 y el párrafo 
sexto del artículo 135 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de septiembre de 2018, entrando 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

DECRETO NÚMERO 230 EN SU ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforman los párrafos primero y 
tercero de la fracción XI del artículo 128 y el párrafo sexto del artículo 135, todos del Código de 
Procedimientos Administrativos del Estado de México. Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta 
del Gobierno" el 5 de enero de 2021, entrando en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.